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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
En materia económica, la minería no genera aportes relevantes en la región Centroamericana. “Existen evidencias que su impacto en la economía es insignificante, solo es un 2 % del producto interno bruto (PIB)” explicó Angélica Alfaro, consultora de ACAFREMIN.
La alianza centroamericana frente a la minería (ACAFREMIN) nació en Managua, Nicaragua, en abril de 2017, con el objetivo de fortalecer lazos solidarios y lucha ciudadana para liberar de la minería metálica a Centroamérica, a través de un trabajo regional, denunciando y exigiendo el respeto a los bienes de la naturaleza, así como a los pueblos indígenas y comunidades.
Con la presentación del documento de investigación: “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos, ante los impactos del extractivismo en Centroamérica”, diversas organizaciones sociales y ambientalistas, lanzaron un mensaje claro a los gobiernos, a detener el despojo de los bienes naturales de la región.
Sobre los hallazgos de la investigación, Angélica Alfaro comentó que el costo, social y ambiental para la región, ha sido mucho más alto que el volumen de la exportación total, que indican en Guatemala un porcentaje de 0.44 %, Honduras con 5.7 % y Nicaragua, el 12.03 % que proviene del sector minero.
“En el tema de los volúmenes de producción significan serios impactos a los recursos suelo, agua, aire y la población que habitan o están aledañas a estas zonas de los proyectos mineros. Y en generación de empleo, los cuatro países no superan los 16 mil empleos directos generados por este sector y nos da la perspectiva que la actividad minera no es viable, pese a los argumentos que usan las transnacionales y gobiernos para ingresar a los territorios”, manifestó.
Asimismo, mencionó cuatro indicadores vinculados a los impactos socioambientales (2007-2018) que permitió documentar que existe un avance de la frontera minera, en zonas protegidas, con un aproximado de 47 áreas protegidas que directa o indirectamente reciben un impacto de la minería metálica. Y que dentro de estos cuatro países se afectan alrededor de 150 recursos hídricos superficiales, sin contabilizar las aguas subterráneas.
“En materia de uso de suelo las empresas mineras se han instalando en zonas de producción agrícola de las comunidades y que llegan a 27 mil hectáreas, de uso de suelo que ya fue impactado por la contaminación minera. La minería metálica también afecta a los pueblos indígenas. En Guatemala, Honduras y Nicaragua están siendo perjudicados, porque pese a existir la consulta pública (Convención 169) los procesos concesionarios poco les interesan para respetar sus derechos y se tiene conocimiento que son veintitrés pueblos indígenas perjudicados”, señaló.
Para Julio González, del Colectivo Ecologista Madre Selva, Guatemala y miembro de ACAFREMIN, consideró que luego de analizar el contenido de la investigación, era claro que no existe factibilidad para la industria minera en el área centroamericana.
“Centroamérica es un corredor biológico santuario y refugio de aves migratorias, por tanto, un centro de origen megadiverso de todos nuestros países, que por ser patrimonio natural de la humanidad debe ser protegido. Y que ahora, nos impacta por el modelo económico que como menciona la investigación, no deja nada a los pueblos: es como una cuarta invasión porque se viene a saquear y despojar de derechos a la población centroamericana. Y es tal que las transnacionales financian las campañas electorales para corromper a los funcionarios públicos” afirmó.
Mientras, Luis González de la UNES, sobre la participación social y los cambios de gobiernos, observó que se debe llevar la atención ciudadana a las propuestas de los partidos políticos que llegan a gobernar y tener así, una idea más clara de la dirección que tendrán los nuevos funcionarios.
“En el proyecto del partido GANA, podemos ver en el planteamiento del tema ambiental, que asume un compromiso de no reversión de la minería metálica en el país, pero también es una realidad que la parte que más se desarrolla en esa propuesta es la flexibilización de permisos ambientales desde una sola oficina. Es preocupante, porque es como facilitar que no hagan los procedimientos técnicos necesarios para determinar si es un permiso adecuado o no. Y contradicciones muy obvias, como ser un gobierno pro-empresa pero antineoliberal, esto genera temor” acotó.
Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES e integrante de ACAFREMIN, afirmó que el nuevo gobierno de El Salvador, que presidirá Nayib Bukele, deberá retomar la agenda ambiental que han venido promoviendo como organizaciones sociales, en protección de los recursos naturales y frente al cambio climático.
“En la asamblea legislativa hay cinco anteproyectos de leyes, como la no derogación de la prohibición de minería, la no privatización del agua, la de gestión de riesgo, la de soberanía alimentaria, la de no uso de agrotóxicos, es decir, hay todo un paquete, que esperamos que el nuevo gobierno lo retome también, a fin de que se aprueben, sino seremos nosotros, los que seguiremos empujando la lucha en las calles y a todo nivel”, sostuvo.
