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Beatriz Castillo
El abogado José Ferman retó ayer al abogado Francisco Berltrand Galindo a debatir sobre el contrato CEL-ENEL, check al considerar que este último defiende algo lesivo para los “intereses nacionales”.
Ferman interpuso en mayo de 2013 una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que declare nulo dicho contrato, que se gestó en la presidencia del empresario Guillermo Sol Bang, bajo la administración del ex presidente Francisco Flores, al considerar que viola la Constitución de la República.
“Yo defiendo los intereses nacionales, y el doctor Berltrand Galindo defiende los intereses extranjeros, yo defiendo los interés de 1 millón 800 mil personas, que reciben subsidio del gas y de la energía eléctrica”, advirtió Fermán.
Además, acusó a Galindo de defender el contrato porque trabaja como representante legal de la empresa italiana ENEL.
En declaraciones, Galindo, quien también se desempeñó como ex ministro de gobernación en las pasadas administraciones de ARENA, reiteró que la empresa italiana Enel “no violenta ninguna norma jurídica nacional y que el contrato firmado por CEL para capitalizar acciones de LaGeo se realizó apegado a derecho.
Sin embargo, Ferman dice que el contrato constituye un claro “fraude a la Constitución y por eso la Sala de lo Contencioso Administrativo aceptó su demanda”.
“El contrato CEL-ENEL constituye un fraude Constitucional en dos puntos, en la parte de la concesión y en la parte donde CEL cede y traspasa en abstracto todos los derechos de activos de CEL a la ENEL y ENEL a la INI, y eso es una violación Constitucional porque los funcionarios no tienen más facultades de lo que expresamente les ordena la ley”, dijo el abogado.
El abogado reiteró que además de las violaciones a la Constitución, existen violaciones a la LACAP, violaciones al Código Civil porque los bienes fueron traspasados sin ningún tipo de valúo.
“Ese contrato se dio en la oscuridad y todo en secreto, él (Galindo) concurre a la televisión a decir verdades a medias, entonces lo mejor es que debatamos los verdaderos fundamentos jurídicos, en los cuales yo sostengo que ese contrato es nulo y que no produce un efecto jurídico”, advirtió.
Recordó que sobre este contrato existen intereses políticos y económicos muy fuertes, ya que la intención es que en un momento, CEL se quede sin acciones y todas pasarían a ENEL por medio del sistema “capitalización de utilidades”.
“La Sala me ésta dando la razón legal, cuando declaró la medida cautelar que suspende el efecto jurídico de los actos impugnados, como es la celebración del convenio de accionistas y por esa razón misma, ésta ha congelado el reparto de utilidades”, explicó Fermán.
De acuerdo con el abogado, el contrato es “prácticamente una conspiración para desinflar la hacienda pública, con el objeto de que se pierda el monopolio de la producción, generación y distribución de energía eléctrica, a través de la primera privatización encubierta”.
Según el abogado, con el contrato se pretendía “tener el monopolio de la explotación y distribución de la energía eléctrica”, uno de los principales recursos del país y que pasará a una empresa de origen extranjero.
Incluso, en su propósito no se respetó el artículo 120 de la Constitución de la República, que establece que toda “concesión que otorga el Estado para la exploración de muelles, ferrocarriles, canales u otra obra de materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión atendiendo la naturaleza de la obra y el monto de la inversión requerida”.
También, estas concesiones deben de mandarse ante la Asamblea Legislativa, para su valoración y posterior aprobación, sin embargo, este proceso no se siguió.
El abogado espera que la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelva a favor de su demanda, ya que es lo más conveniente para el Estado salvadoreño, y evitar que se cumpla lo que se pueda decir en el laudo arbitral que se sigue en París y Washington.
“Esto sería un fundamento estratégico, porque El Salvador perfectamente pude hacer valer la sentencia de nulidad en los tribunales internacionales. Ese contrato, al ser nulo, las obligaciones también serían nulos”, afirmó.
Asimismo, dejó claro que con este caso no se está rechanzado la inversión extranjera, porque se necesita para fomentar el desarrollo económico, la tecnología, pero eso no significa “que van a venir a violar nuestro orden Constitucional”.
Aquí “el dinero es el epicentro de todo”, advierte. Por las supuestas irregularidades también se ventila un proceso penal en los Tribunales en contra de Sol Bang y ex directivos de CEL.
