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A la media noche del martes, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil realizaron un operativo que concluyó con la captura de unas 30 personas, la mayoría, exfuncionarios del expresidente Mauricio Funes.
Al parecer, la Fiscalía pretendió mantener el operativo con todo el hermetismo posible, en buena medida así ha sido, lo que podría ser una violación, y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como los promotores de los derechos humanos deberían analizar y pronunciarse, pues podría comenzar a instalarse un modus operandi para ocultar capturas.
Es comprensible que tanto la Fiscalía como la Policía mantengan en el máximo secreto cualquier investigación, y por supuesto, un operativo de capturas, pero, una vez aprehendido los sospechosos o investigados, la Fiscalía debe informar a la nación de cuántos y a quiénes ha capturado y por qué, sobre todo, en casos como este, pues, si bien lo puede argumentar penalmente, es cierto también que presenta rasgos de carácter político.
Es decir, si es un caso delicado, la transparencia y la legalidad deben ser dos herramientas que la autoridad competente debe utilizar.
Recordemos que venimos de un pasado autoritario, en el que la autoridad utilizaba métodos arbitrarios como las desapariciones prolongadas o definitivas.
Creemos que si la Fiscalía comienza a ocultar información o a no reportar las capturas de forma inmediata, puede establecerse inicialmente algún método arbitrario para ocultar a los prisioneros.
En este caso, por ejemplo, la Fiscalía ha dicho que tiene unos 30 capturados, pero solo se conoce de la captura del empresario y exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes, Miguel Menéndez, mejor conocido por “Mecafé”, a quien acusan de supuestos actos de corrupción.
La Fiscalía y la Policía debió dar a la prensa los nombres y lugares de donde capturaron a todos los presuntos sospechosos, pues de lo contrario, despierta incertidumbre de todo tipo, lo cual es grave para el país en materia de legalidad y respeto de los derechos humanos.
Por lo anterior, consideramos que la Procuraduría de los Derechos Humanos y los promotores de los derechos humanos deberían ponerle atención a esta forma de proceder fiscal y policial.
