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Mauricio Funes Cartagena
Expresidente de la República
La lucha revolucionaria en El Salvador se remonta a los años 20 del siglo pasado en los que se crearon diferentes sindicatos inspirados en la Revolución Rusa y motivados por la brutal represión que ejercían contra el pueblo los cuerpos de seguridad al servicio de la oligarquía cafetalera.
La brusca caída del precio internacional del café sumada a una estructura excluyente de concentración de la tierra así como los bajos salarios tanto en el campo como en la ciudad hicieron crecer la conciencia revolucionaria.
Miles de campesinos y de obreros de una incipiente industria se organizaron en sindicatos, bajo la conducción del Secretariado Rojo Internacional que fue la antesala del Partido Comunista Salvadoreño.
El 22 de Enero de 1932 se produce prematuramente y sin las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para garantizar la victoria del pueblo oprimido un levantamiento campesino en el occidente del país conducido por dirigentes del Partido Comunista de El Salvador que se había formado apenas unos años atrás.
Entre esos dirigentes destaca Agustín Farabundo Martí, quién había peleado junto a Augusto César Sandino en las luchas de resistencia contra la invasión de tropas estadounidenses en Nicaragua.
Es en esa lucha donde Farabundo Martí adquiere su experiencia militar y la convicción de que había que derrotar al sistema oligárquico que reprimía y explotaba al pueblo salvadoreño.
Farabundo Martí acabó fusilado junto a otros líderes revolucionarios luego del fracaso del levantamiento campesino.
La insurrección fue finalmente sofocada en solo unos cuantos días por el General Maximiliano Hernández Martínez, quien había llegado al poder por un golpe militar un año atrás en contra de Manuel Enrique Araujo, un gobernante laborista y liberal procedente de las filas de la burguesía.
El saldo del frustrado pero heroico levantamiento, que no gozaba de una planificación estratégica ni tenía preceptivas claras, fue de 30 mil campesinos brutalmente asesinados por las fuerzas militares, sobre todo por la Guardia Nacional, cuerpo represivo equivalente a la Guardia Somocista de aquellos años.
La dictadura Martinista se prolongó hasta 1944 luego que una huelga general que se convirtió en levantamiento popular logró sacar del poder al dictador.
Para esos años el Partido Comunista y los dirigentes sobrevivientes a la masacre habían sido proscritos, por lo que su papel en ese levantamiento no tuvo la relevancia de la insurrección campesina de 1932.
No fue sino hasta finales de los años sesenta que la lucha revolucionaria toma un nuevo impulso con el surgimiento de nuevos sindicatos y organizaciones político militares en su mayoría de orientación marxista y maoista.
Son los años de la industrialización que había provocado el Mercado Común Centroamericano.
A pesar de este proceso de modernización de la economía salvadoreña, la propiedad de la tierra continuaba concentrada en pocas manos convirtiéndose, tal como lo definía el asesinado padre Segundo Montes, el epicentro de la crisis política y social en El Salvador.
En toda la década siguiente (años 70) se fortalece la organización popular, especialmente campesina, apoyada por un influyente movimiento religioso, las comunidades cristianas de base, inspiradas en la teología de la liberación que marca una distancia con la iglesia tradicional más vinculada a la oligarquía de la época.
Las frecuentes manifestaciones callejeras y repetidas huelgas en fábricas en la capital y plantaciones de café, azúcar y algodón por mejoras salariales y por crear mejores condiciones de trabajo así como la influencia en toda la región de la revolución sandinista de Julio de 1979 alertó al imperialismo norteamericano, el cual junto a la burguesía progresista que había creado su propio instrumento partidario, el PDC, y a un grupo de jóvenes militares influenciados por una corriente reformista que influyó a algunos mandos medios dentro de las fuerzas armadas, provocaron en Octubre de ese año un golpe de Estado que derrocó al entonces Presidente, General Carlos Humberto Romero, poniendo fin a una larga tradición de gobiernos militares al servicio de la oligarquía y que habían llegado al poder a través de constantes fraudes electorales.
La guerrilla, en la que había sectarismo y diferentes posiciones ideológicas así como diferentes concepciones sobre el tipo de gobierno que había que instalar, y las organizaciones populares o frentes de masa creadas por cada una de las organizaciones político militares, se resistieron a participar en el golpe militar y a tener presencia en las diferentes juntas de gobierno que siguieron al golpe.
Solo el PDC, los socialdemócratas del MNR, la expresión legal del PCS, conocida por sus iniciales como UDN, que en el pasado habían formado una coalición electoral que había sido derrotada por el fraude de los militares en las elecciones de 1972 y 1977, así como algunos profesionales e intelectuales progresistas no marxistas, decidieron participar en la conformación de estas juntas de gobierno en las que la presencia de militares era determinante.
Tanto las organizaciones guerrilleras como las organizaciones de masas vieron con recelo las intenciones reformistas de EEUU así como los propósitos de los mandos militares y los intereses económicos que en el fondo representaban y defendían.
En la izquierda había un claro convencimiento de que el golpe militar y las medidas reformistas que le siguieron pretendían quitarle banderas de lucha y de ser posible lograr su aislamiento y su extinción.
Ese era el proyecto del imperialismo para la región luego de la victoria de los sandinistas y su probable influencia en los demás países centroamericanos.
EEUU no estaba dispuesto a permitir otra revolución como la nicaragüense que empoderara a la izquierda y que la pusiera al frente del Estado.
De hecho la represión, sobre todo en el campo, se profundizó y produjo una serie de masacres contra familias campesinas y ejecuciones sumarias de dirigentes sindicales, políticos progresistas y sacerdotes.
Acá destaca la masacre de casi 800 campesinos en el caserío El Mozote, en el Oriente del país, en su mayoría mujeres y niños, a manos de un batallón élite del ejercito salvadoreño, el temible Batallón Atlacatl, entrenado por militares estadounidenses.
También fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en febrero de 1980, cuando oficiaba una misa en San Salvador.
Romero era en esos años el símbolo de la denuncia ciudadana.
Sus homilías ponían al descubierto la represión de la época que nadie más se atrevía a denunciar.
Luego de su entronización como Arzobispo se convirtió en flanco de ataque de la derecha y en objetivo militar para los Escuadrones de la Muerte que dirigía el fundador de ARENA, Roberto D’abuisson y otros miembros de la oligarquía.
A inicios de los años 80 la Junta de Gobierno lleva a cabo un proceso de reforma agraria que establece un límite a la propiedad de la tierra pero que no afecta a las fincas y haciendas más importantes del país en poder de las llamadas 14 familias dueñas de más del 90 % de la mejor tierra de cultivo.
La Junta de Gobierno nacionalizó la Banca y el Comercio exterior, procesos que luego fueron revertidos en 1989 con la llegada de ARENA, el partido de la derecha, al poder.
En contraste, a lo largo de 1980 se organiza un ejército popular, integrado por los mandos militares de las 5 organizaciones guerrilleras existentes (FPL, RN, ERP, PRTC y las FAL, brazo armado del Partido Comunista) así como por campesinos, obreros, estudiantes y profesionales provenientes de las organizaciones populares y de sindicatos surgidos en los años 70 (BPR, FAPU, LP 28 de Febrero, UDN, MLP).
Es en ese momento que se crea el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, emulando la creación años atrás del Frente Sandinista.
Ambos llevan por nombre a sus dirigentes históricos.
En la creación de este ejercito popular tuvo un papel protagónico Fidel Castro, el partido comunista cubano y el Frente Sandinista, quiénes dieron un importante apoyo logístico a las nuevas fuerzas revolucionarias de El Salvador.
Tanto en Cuba como en Nicaragua se crearon campos de entrenamiento militar y algunos de sus dirigentes y lisiados de guerra residieron en territorio cubano y nicaragüense a lo largo del conflicto militar.
Previo a la creación del ejercito rebelde ocurrió la fusión de las organizaciones guerrilleras en una Dirección Revolucionario Unificada (DRU) y la fusión de todas las organizaciones populares (campesinas, obreras, estudiantiles, de pobladores de tugurios, de artistas e intelectuales) en una Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM).
También surgió el Frente Democrático Revolucionario (FDR) que aunque no participó de la lucha armada, sí la apoyó y construyó una sólida alianza con el FMLN.
Muchos de sus miembros provenientes de las filas de la Democracia Cristiana y de la Social Democracia que habían renunciado a las Juntas de Gobierno del golpe del 79 tuvieron una notable participación en el trabajo de solidaridad y apoyo logístico internacional.
La guerra civil se prolongó por más de diez años y provocó la muerte y desaparición de más de 70 mil civiles.
Esta guerra solo fue posible mantenerse por más de una década por el millonario apoyo del gobierno de EEUU a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas que destinaba un millón de dólares diarios al esfuerzo bélico (más de $300 millones anuales) y por el apoyo que gozaban los insurgentes del FMLN en las comunidades pobres, sobre todo rurales, del país.
En esos años la dinámica del movimiento de masas fue absorvida por el ritmo y las necesidades de la guerra.
Esto provocó un daño irreparable a la lucha social, ya que quedó subordinada a la guerra que libraba el FMLN en contra del ejército salvadoreño.
Internacionalmente se creó un amplio y nutrido movimiento de solidaridad con el pueblo salvadoreño que se tradujo en apoyo a la lucha revolucionaria.
Simultáneamente hubo apoyo de algunos países de la región, como México y Venezuela, además de la Organización de las Naciones Unidas para que se gestara un proceso de negociación casi al final de los años 80 entre las dos fuerzas beligerantes que pusiera fin al conflicto armado.
La situación era de empate militar.
Ni el FMLN ni el gobierno tenían capacidad militar de ganar la guerra, muy a pesar de la superioridad numérica de efectivos y la calidad del equipo bélico de las Fuerzas Armadas.
En Enero de 1992, dos años después de iniciado el proceso de negociación auspiciado por la ONU, en el castillo de Chapultepec en México se firman los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra y que lograron el inicio de un proceso de refundación del Estado salvadoreño basado en una serie de transformaciones políticas e institucionales que dieron vida a nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil, el Organismo de Inteligencia del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la disolución de los cuerpos de seguridad y los batallones élites del Ejército así como una transformación doctrinaria y una significativa reducción de las Fuerzas Armadas.
Por su parte el FMLN entregó la armas, disolvió sus mandos militares y se transformó en partido político legal, lo que le permitió dedicarse a la lucha política electoral a partir de 1994.
Sin embargo, no todo fue ganancia para la izquierda y para el pueblo salvadoreño.
El déficit de estos acuerdos de paz es que no fue transformada la estructura económica del país de corte oligárquico, lo que permitió el fortalecimiento de los grupos de poder económico en el país que tenían el control de la economía nacional y de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el legislativo y el órgano judicial.
Las antiguas 14 familias, así llamadas por el historiador inglés David Browning, se redujeron a unos cuantos grupos empresariales que se convirtieron en la nueva oligarquía, con mayor poder político y más control de la actividad económica del país.
Acá son conocidos los apellidos Dueñas, Regalado, Poma, Cristiani, Callejas, Murray Meza y Kriete, entre otros.
Los Acuerdos de Paz no fueron más allá de consensar la creación de mecanismos de concertación para la definición de políticas públicas que mejoraran el estado de una economía que recién salía de la guerra así como las condiciones de vida de la población.
Para ello se propuso la creación del Consejo Económico Social en el que estarían representados el gobierno, los empresarios y los trabajadores.
Este Consejo tuvo una vida muy corta ante la oposición de las gremiales empresariales y del gobierno de ARENA de poner en el debate temas sensibles como el de las privatizaciones, la dolarización y el aumento del salario mínimo.
De hecho, demoraron más en crearlo que en disolverlo.
En los 20 años de gobiernos de la derecha que siguieron al fin de la guerra bajo la bandera del partido ARENA se llevaron a cabo una serie de reformas económicas de carácter neoliberal, inspiradas en el llamado Consenso de Washington, que tenían a la base las privatizaciones de recursos y bienes del Estado.
El propósito de estas reformas era la liberalización de la economía, que no era más que la libertad para hacer negocios, y la reducción del papel del Estado en la economía nacional.
Durante las Presidencias de ARENA se privatizaron los Bancos, las Telecomunicaciones, los ingenios azucareros, los beneficios de Café, la distribución y producción térmica de Energía Eléctrica y el sistema público de pensiones.
En contraste, la pobreza creció, se deterioraron las condiciones de vida de la población, aumentó la concentración de la riqueza y la distancia entre ricos y pobres.
A la par, la izquierda salvadoreña, representada por el FMLN, fue creciendo como partido político de oposición al punto de aumentar su presencia en los diferentes órganos del Estado, tanto en la Asamblea Legislativa como en los Consejos Municipales.
En esos años, como aún ahora, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y el órgano judicial siguió bajo control de la derecha oligárquica.
Fue hasta en el 2009 que el FMLN gana por primera vez las elecciones presidenciales y asume el poder del Ejecutivo en Junio de ese mismo año.
Es en ese año que el FMLN logra elegir al primer Presidente de izquierda en El Salvador.
A este triunfo electoral contribuyeron la crisis económica internacional desatada en el 2008 que golpeó fuertemente la economía del país y el desgaste propio de un partido de derecha que no había resuelto la mayoría de los problemas que aquejaban a la población luego de 20 años en el poder.
Ya en la Presidencia el nuevo gobierno llevó a cabo un programa de transformaciones económicas y sociales que buscaban mejorar los ingresos de los salvadoreños y sus condiciones de vida.
A la base de estas transformaciones existía el convencimiento, más en la Presidencia que en el FMLN, de que el triunfo en las elecciones y el acceso al control del Ejecutivo no significaba que la nueva administración sería capaz y que contaba con la correlación necesaria para implementar todos los cambios estructurales e institucionales que el país requería.
Se cayó en la cuenta que la configuración histórica del poder, sobre todo el económico, se mantenía intacta y que por tanto era imprescindible construir alianzas políticas y sociales (nacionales e internacionales) que modificaran la correlación de fuerzas a favor del cambio.
Además, se heredó una economía que se encontraba en un ciclo largo de bajo crecimiento y que por tanto había que incentivar desde el gobierno el surgimiento de nuevos actores económicos no oligárquicos y asegurar, también desde el gobierno, una distribución equitativa de la riqueza.
Desde los primeros años de gobierno del FMLN, se impulsaron y desarrollaron programas sociales que redujeron la pobreza y la concentración de la riqueza, pero que no fueron suficientes para desmontar el modelo oligárquico neoliberal y reducir el poder de la oligarquía.
Estos programas fueron diseñados e implementados bajo la visión de que se requería crear un Sistema de Protección Social Universal que redujera las vulnerabilidades sociales y económicas de una buena parte de la población.
Para el caso se amplió y fortaleció el Programa de Comunidades Solidarias (Rurales y Urbanas).
Se amplió en Programa de Alimentación Escolar que benefició a casi un millón de estudiantes tanto del área rural como urbana.
Se dotaron en forma gratuita de uniformes y útiles escolares a un millón 200 mil estudiantes de centros escolares públicos.
Este programa mejoró el ingreso de las familias pobres y permitió el resurgimiento de proveedores artesanos y de la pequeña y mediana empresa.
Se eliminaron las cuotas en el acceso a los servicios de salud pública.
Se creó el Programa de Apoyo Temporal al ingreso orientado sobre todo a mujeres emprendedoras.
Se llevó a cabo un Programa de construcción y mejoramiento de viviendas de interés social.
Se apoyó la importación y distribución a precio de costo de fertilizantes a pequeños y medianos productores.
Se construyeron 6 sedes de “Ciudad Mujer” en seis departamentos del país.
Este programa se diseñó e implementó bajo un enfoque de género y de protección de los derechos fundamentales de las mujeres.
Se crearon nuevos mecanismos de distribución del excedente económico que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza.
Acá es importante una reflexión que algunos dirigentes de izquierda no alcanzan a comprender.
El triunfo electoral de la izquierda salvadoreña en la Presidencia no se tradujo en un control total del Estado.
El FMLN no llega al poder a través de un proceso revolucionario como el de Cuba o el de Nicaragua sino mediante elecciones que seguían la lógica impuesta por la derecha oligárquica.
El botín que estaba en juego era la Presidencia de la República que dentro de la democracia liberal burguesa no otorga un poder total.
La Asamblea Legislativa y el poder judicial continuaron y continúan aún en manos de esa derecha.
Esta situación permitió que desde la Asamblea Legislativa y desde las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia se frenaron, en los dos gobiernos del Frente, importantes reformas institucionales que de haberse implementado se habría comenzado a desmontar la estructura oligárquica, excluyente y neoliberal del país.
Por ejemplo, no fue posible llevar a cabo una reforma fiscal progresiva bajo el principio de que el que gana más o tiene más ingresos debe pagar más impuestos.
En las elecciones del 2009 el FMLN aunque aumentó su cuota de poder en la Asamblea, la derecha seguía manteniendo la mayoría necesaria para tomar decisiones o para vetar iniciativas promovidas por el FMLN.
Los márgenes de maniobra eran muy escasos y a pesar de las alianzas políticas que se construyeron no fue posible llevar a cabo el programa de transformaciones estructurales que se ofreció en la campaña electoral.
Este incumplimiento de algunas promesas electorales, sobre todo en el segundo gobierno del FMLN, y la falta de un trabajo territorial de acompañamiento de las luchas del pueblo provocó un tremendo desgaste electoral del partido al grado de reducir sensiblemente su fuerza en la Asamblea y perder las elecciones presidenciales en el 2019.
Después de haber ganado una bancada de 35 diputados en el 2009, el FMLN pasa a tener apenas 4 diputados en la legislatura que arranca en el 2021.
Después de haber ganado la Presidencia de la República en el 2009 y en el 2014 con casi 1 millón 500 mil votos, en cada una de estas dos elecciones, pasa a obtener menos de 400 mil votos en las elecciones del 2019, colocándole en un distanciado tercer lugar de la votación.
El FMLN lamentablemente se ha convertido en un partido segmentado, en el que dos corrientes se disputan el control partidario. Una de ellas, la que dirige el ex comandante José Luis Merino, más conocido por su seudónimo de guerra como Ramiro, ha llegado al extremo de apoyar y pactar una alianza política y empresarial con el gobierno de Bukele y su grupo económico familiar.
El FMLN es ahora un partido que ha perdido el rumbo y que goza de un escaso apoyo territorial que se expresa en las pocas adhesiones que registran las encuestas de opinión pública.
La incidencia política del FMLN es ahora insignificante.
Difícilmente puede aumentar su presencia en la Asamblea Legislativa y menos aspirar de nuevo a la Presidencia de la Republica.
Por ahora la lucha popular y revolucionaria se ha trasladado a las calles y está siendo conducida por un creciente movimiento social de oposición y resistencia al gobierno de derecha de Bukele.
Este movimiento que se expresa en la formación de un amplio frente de rebeldía y resistencia popular está integrado por unas 30 organizaciones de trabajadores, estudiantes, mujeres, profesionales, pequeños y medianos empresarios e intelectuales y es apoyado por algunos viejos dirigentes efemelenistas comprometidos con las transformaciones estructurales que el país demanda, pertenecientes a la corriente revolucionaria socialista del FMLN que disputa el control del partido a la tendencia de José Luis Merino, aliado de Bukele.
Hay que hacer notar que Nayib Bukele, actual Presidente, escaló posiciones en el FMLN como alcalde en el 2012 y el 2015 apoyado por ex dirigentes del Frente que tenían y siguen teniendo una visión corporativa del partido.
Bukele alcanzó la presidencia de la república en el 2019 una vez rompió con el Frente en el 2018, tomó distancia del partido para lograr su expulsión y participó en las elecciones presidenciales con la bandera de un partido de derecha que había salido de las entrañas de ARENA.
En los tres años y medio que lleva la Presidencia de Bukele, la pobreza, contrario a lo que ofreció, ha aumentado y hasta ha retrocedido a los niveles del 2008, año en que finaliza el último gobierno de ARENA.
Ha aumentado también la concentración de la riqueza.
El 10 por ciento de la población concentra el 80% del ingreso nacional.
A modo de ejemplo, una sola familia oligárquica tiene un patrimonio neto de casi 6 mil millones de dólares en un país donde el Producto Interno Bruto no llega ni a los 26 mil millones de dólares.
Bukele navegó con bandera de izquierda pero ya en el gobierno ha desmontado la plataforma social que construyeron los gobiernos del FMLN y ha venido ejerciendo el poder en forma autoritaria y excluyente.
Bukele no solo ha mantenido intacto el sistema de privilegios que desde la gestión pública favoreció por décadas enteras a los grupos de poder sino que lo ha ampliado y reforzado, incluyendo en estos beneficios a su propio grupo familiar y a sus amigos más cercanos.
La corrupción en su gobierno ha crecido y se ha desviado una buena cantidad de recursos del erario nacional a bolsillos privados, sobre todo de funcionarios próximos a su entorno familiar.
En estos 3 años y medio se han dado graves violaciones a los Derechos Humanos bajo el pretexto de que libra una guerra contra las pandillas.
Bukele ha violado además el ordenamiento constitucional y ha irrumpido con la presencia de militares en el palacio legislativo en un intento fallido de destituir a los Diputados de oposición en febrero del 2020 cuando solo llevaba una año en la Presidencia.
En mi opinión las perspectivas de victoria de la lucha popular que saque a Bukele del poder radican en el fortalecimiento del movimiento social y de las organizaciones populares que deben crear un amplio frente de resistencia y rebeldía.
El rol que el FMLN puede jugar en esta acumulación de poder dependerá si logra refundarse como partido revolucionario, redefinirse ideológicamente y si además logra volver a vincularse a las demandas y necesidades de la población y mantiene su posición anti oligárquica y anti imperialista.
