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En esos remotos tiempos de miseria originaria que trascendió hasta nuestros días, order la política social del Estado se reducía a la petición pública de limosna, siendo ella la única posibilidad de apaciguar, por un rato, el hambre y el frío que empezaban a calar hondo porque las manos se estaban quedando más vacías que antes y la tierra se sacudía la agonía con más fuerza, aunque con menos contundencia social. Y es que, desde siempre –por razones ideológicas y económicas- los ricos pueden darle una limosna al trabajador, pero se sienten indignados cuando se les pide que paguen honestamente los impuestos y mucho más cuando se les pide un aumento de sueldo. Ese año se emitió la Orden # 26 que obligaba a que todas las limosnas remitidas de varias partes para socorrer a los habitantes de la Ciudad de San Salvador, que sufrieron en la ruina telúrica del 16 de abril de 1854, se distribuyera conforme la intención explícita de los donantes, y esto porque (¡puta, qué raro!) dichas limosnas (hoy llamadas “ayuda” o “donativos”) estaban siendo malversadas o robadas impunemente por algunos funcionarios del Estado, con lo cual se sentaron las bases pétreas de una gobernabilidad amañada asentada en una corrupción que se propagó a todos los niveles del servicio público.
A tal respecto se ordenó que la Tesorería General remitiera a la Municipalidad de San Salvador, con la brevedad posible que no sobrepasase los cincuenta años, la cantidad exacta de limosnas que aún tuviera en existencia, lo que no pasó de ser un acto de cinismo. En materia de política social yo defino a tal período del país como el de la limosna social expropiada, siendo la expropiación-malversación la lógica del comportamiento de todas las transformaciones futuras que impulsaría la burguesía a la que, por migajas, sirven hoy los candidatos de ARENA –y de toda la derecha- quienes con la voz entrecortada y los ojos llorosos; quienes perdiendo por completo la dignidad, recurren a dar lástima para que la gente vote por ellos, lo cual puede ser válido en términos electorales, pero es una perversión extrema de la hegemonía en términos ideológicos.
Ese robo generalizado y mezquino de los recursos del Estado que amenazaba con legitimarse (antes era de facto, como lo demuestran con claridad las primeras expropiaciones de ejidos y tierras comunales amparadas en la ignorancia de sus legítimos e históricos poseedores y en la inexistencia de límites visiblemente delimitados) generó un tibio descontento social que no fue más allá de la negativa pasiva a prestar servicio militar, ya que era el ejército el encargado de tales expropiaciones y eran los indígenas (principalmente) los que engrosaban las filas básicas de aquel. La llamo negativa pasiva porque se limitaba a la agónica estrategia de huir de las tierras en las que el ejército podía obligar a la prestación del servicio. En 1858 se reconoció que continuar con las expropiaciones de facto y las persecuciones de indígenas para nutrir al ejército no generaban el clima de estabilidad necesario para hacerlas económicamente rentables ya que, por un lado, se empezaban a hacer comunes los reclamos, tanto de los expropiados como de los expropiadores: para los primeros, porque perdían su fuente de vida y cultura que legítimamente les pertenecía; para los segundos, porque se quedaban con las tierras vacías y las manos llenas de pedidos.
Ante tal disyuntiva, en la 20° Sesión Pública de la Cámara de Diputados, del martes 16 de febrero de 1858, se ratificó el decreto emitido por la Cámara de Senadores (de fecha 10 del corriente) en el que se exceptuaba del servicio militar a los indígenas que explotaban de 50 árboles de bálsamo para arriba, en estado de cosecha, con lo cual los indígenas podían elegir, libremente, entre “mi sargento” y “mi patroncito”; entre el cuartel y la tierra ajena; entre ser esclavos premodernos o ser sicarios de su pueblo; entre ser lápida o ser sepulturero. Esa misma fecha, por la mañana, se conoció la solicitud de la Municipalidad y vecinos de San Pedro Masahuat sobre la petición urgente de un amparo jurídico que les garantizara la posesión de las tierras de Varaona como ejidos reconocidos por dicho pueblo y que les habían sido expropiados bajo la coartada exquisita de declararlas como tierras baldías… ese fue, en efecto, el modus operandi de las expropiaciones. Esta última solicitud, aunada a la creciente ansia burguesa de acumular todas las tierras aptas para los cultivos con demanda internacional, hizo que el Estado salvadoreño –en un acto natural de la superestructura capitalista que no tiene nada que ver con la forma de gobierno ni con quienes gobiernan- optara por la legalización inmediata de las expropiaciones de las tierras ejidales y comunales, lo cual inició, formalmente, en 1861 a buenas 9 de la mañana y que es el pecado original que enriqueció a la oligarquía.
¡Ah, qué tiempos aquellos: tan rudos y apacibles! El pueblo deambulaba en la miseria cotidiana; en la oscuridad mágica de los faroles adelantados; en los tratados comerciales nacionales con interés privado, tal como hoy se expresa en los asocios público-privados desprovistos de dignidad que buscan la privatización de lo público; en la limosna tardía pedida en nombre de los pobres para enriquecer más a los ricos, tal como se sigue haciendo hoy; en la huida, en desbandada, del servicio militar; en el olor rudo de las bestias que deambulaban sin dueño por las calles (de entonces viene el dicho: “como macho sin dueño”); en la ignorancia férrea usufructuada por la oligarquía y a la cual apelan hoy los candidatos de la derecha; en la tragedia de la expropiación de sus tierras, las que, décadas después, harían millonarios a unos pocos a través de la exportación de productos agrícolas, lo cual ha sido sustituido en los últimos veinte años con la exportación de mano de obra, siendo ese el cambio más relevante en materia de modelo económico: pasar de ser mono-exportador a ser mano-exportador.
¡Ah, qué tiempos aquellos en los que la limosna hacía las veces de la mano invisible de Dios y la corrupción hacía las veces de paraíso terrenal! ¡Ah, qué tiempos aquellos en los que se encuentra la explicación de cómo y por qué la burguesía salvadoreña dejó de ser una clase social para convertirse en dictadura militar, primero, y en una “mara”, después…
*Director de la Escuela de Ciencias Sociales, UES
