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@GloriaCoLatino
“Llevaremos adelante siempre esta historia de horror, sovaldi para que esto no vuelva a suceder, no es fácil que le dejen su familia siendo inocentes y fueron asesinados con terribles crímenes”, narró Dorila Márquez de Márquez, sobreviviente de Masacre El Mozote.
El Atlacatl, conocido como Batallón de Reacción Inmediata (BIRI), llegó ese diciembre de 1981 a El Mozote, municipio de Meanguera, al Norte del departamento de Morazán. Quienes entre el 9 al 13 de diciembre desarrollaron un operativo de muerte y destrucción de la población civil.
El operativo militar inició con la orden a la población de no salir de sus casas, luego en las primeras horas del 11 de diciembre fueron llevados en 2 filas, hombres y mujeres, a la plaza municipal.
Los niños y niñas fueron encerrados en el convento de la pequeña iglesia; un helicóptero aterriza y baja el encargado del operativo militar, su orden era ejecutar a los habitantes de la localidad, el destino de más mil salvadoreños se selló.
En el 34º Aniversario de la Masacre “El Mozote”, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, honraron la memoria de las víctimas –reiterando- la petición de justicia para preparar la reconciliación y el perdón.
Foto Diario
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“Cómo puede ser que la gente que debía cuidar al pueblo los asesinaron injustamente… perdí a mi padre Cesario Márquez, Clementina, Hilda Hortensia mi hermana, en su último mes de embarazo, y mi hermanito Adolfo Arturo, de 11 años, así como mis cuñados y ahijados… en estos días se me va el sueño, el hambre, en estos días de gran tristeza aunque llore –seguiré- denunciando este hechos violentos por la verdad y la justicia para todos y todas”, reseñó de Márquez.
En el Caserío El Mozote, la memoria histórica vibró con canciones, libros, documentales, arte y testimonios de sobrevivientes al operativo de “Tierra Arrasada” que se aplicó también, a otros caseríos como: el Cerro Pando, Jocote Amarillo, Cerro Ortiz, El Pinalito, La Joya, Ranchería, Los Toriles y Tierra Colorada.
David Morales, Procurador de Derechos Humano, manifestó que la Masacre en El Mozote y caseríos aledaños fue la “expresión de crueldad”, que superó en mucho, los actos de violencia del conflicto interno de décadas atrás.
“En esta conmemoración de El Mozote tratamos de devolver el buen nombre a
las víctimas inocentes que fueron asesinadas, fueron más de mil personas; y este es un acto simbólico, en donde cada año, procuramos devolver la dignidad a las víctimas, que fueron exterminadas en el marco de una política de terrorismo de Estado que se llamó Tierra Arrasada”, declaró.
El Titular de los Derechos Humanos, agregó que la Conmemoración de la Masacre El Mozote y caseríos aledaños lo enmarcó con el 67º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se celebra cada 10 de diciembre.
“Este momento es ideal para recordar la vida de estos mártires, y exigir nuestro llamado de verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familiares. No toleramos la impunidad en este tipo de casos y en los que, no se aplica la Amnistía donde varios gobiernos y autoridades fiscales han actuado a favor de proteger a los criminales de lesa humanidad que facilitar la justicia a las víctimas”, lamentó.
Esta falta de justicia nacional llevó a las organizaciones sociales a presentar el caso de El Mozote ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que emitió el 25 de octubre de 2012, una sentencia a favor de las víctimas que responsabiliza al Estado salvadoreño a dar cumplimiento a 13 disposiciones de obligatorio cumplimiento. Entre estas, quitar el nombre de instituciones militares o celebraciones relacionadas con el Coronel Domingo Monterrosa; que fue el ejecutor principal de estas masacres en contra de la población salvadoreña.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a realizar las exhumaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo estándares internacionales en materia forense y facilitar también, la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, como expertos y conocedores del caso; y respetando el consentimiento de las víctimas y brindarles toda la atención psicosocial, para garantizar su derecho a la reparación”, indicó.
El llamado insistente de respeto a víctimas o sobrevivientes del Procurador Morales se relaciona con diligencias de exhumación realizadas por la Fiscalía General a principio del presente año, en el cantón La Joya, en donde no fueron respetados los estándares internacionales de estos procesos que culminó con la revictimización de familiares de las víctimas y sobrevivientes.
“Le pedimos a la Fiscalía que tome en cuenta toda la documentación del proceso penal de 1990, que está en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán que contiene los testimonios y pruebas forenses que corroboran la Masacre de El Mozote y la responsabilidad de la Fuerza Armada en el conflicto interno”,
detalló.
Mientras, Carmen Rosa Villaquintana, Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró el acompañamiento a la PDDH y víctimas de El Mozote.
“Esto nos convoca como organismo de derechos humanos y nos pone ante una triste realidad de hechos que jamás deben volver a pasar en la historia de ningún país. Sobre todo, cuando más de mil personas fueron victimizadas y frente al dolor de todas esas familias y los que sobrevivieron después de 34 años la fuerza, la energía de quienes han seguido luchando para lograr identificarlos y poder cerrar una herida profunda –lo que significa- encontrar a sus familiares”, expresó.
La funcionaria del ACNUR agregó que el asesinato de los más de 600, entre niños y niñas, es considerada una “barbarie” por lo que, se debe buscar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas inocentes.
“Un país, un pueblo que se reconcilia tiene que mirar su pasado, para vivir un presente pleno y construir un mundo mejor; unbhecho que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara, declarando al Estado salvadoreño como responsable de los hechos ocurridos hace 34 años; hay que revocar la Amnistía para encontrar la verdad y reparación para las víctimas”, indicó.
El informe sobre el estado de la Sentencia de la Corte IDH, estuvo a cargo de Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “María Julia Hernández, quien comentó que la sentencia avanza, las reuniones quincenales o mensuales con diversos funcionarios del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén siguen su curso de trabajo.
“Los acuerdos han sido diversos. En algunas disposiciones los plazos han vencido, no obstante, consideramos la buena voluntad del gobierno en cumplir con la sentencia”, dijo.
No obstante, la Fiscalía General de la República, lamentó que las primeras reuniones con el ente fiscal fueran cordiales de trabajo, pero luego de presentar información de parte de las víctimas y como abogados representantes de los testigos, la posición de la Fiscalía cambió.
“Comenzaron hacer interrogatorios, le faltaron el respeto a los familiares de víctimas y también, iniciaron un proceso de investigación que a todas luces indicaban que no tenían el menor interés de buscar a los culpables”, informó.
