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Varias oenegés llevan a juicio a Noruega por prospecciones de petróleo en el Ártico

Oslo/AFP

Noruega, el mayor productor de petróleo de Europa occidental, comparece a partir de este martes en un juicio interpuesto por oenegés, entre ellas Greenpeace, que denuncian la concesión de licencias de prospecciones en el Ártico.

Junto con Natur og Ungdom, una organización ecologista centrada en la juventud, Greenpeace demandó al Estado noruego para protestar contra la autorización otorgada en 2016 para la prospección petrolera en aguas árticas del mar de Barents.

Una tercera organización, Grandaparents’ Climate Campaign, también denunció al Estado noruego.

Los demandantes acusan al Estado nórdico de contravenir el Acuerdo de París sobre el clima, que Noruega fue uno de los primeros en ratificar, y una disposición de la Constitución, modificada en 2014, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano.

Según ellos, se trata de la primera denuncia presentada contra un Estado, en octubre de 2016, y apoyándose en los acuerdos firmados durante la COP21, que entraron en vigor en noviembre de 2016.

«Para nosotros, está claro que la prospección es una violación del Acuerdo de París y de la Constitución noruega, y estamos deseosos de llevar esas cuestiones ante los tribunales», declaró Truls Gulowsen, responsable de Greenpeace Noruega, en un comunicado publicado el lunes.

En sus argumentos preliminares, la abogada de los denunciantes, Cathrine Hambro, pidió al tribunal que determine si la decisión de prospectar el petróleo «se inscribía en las directivas existentes de decisiones susceptibles de tener consecuencias irreversibles», informó la agencia de prensa NTB.

Noruega, cuyos ingresos petroleros se desmoronan -la producción de crudo se redujo a la mitad desde 2011-, concedió en mayo de 2016 diez licencias, cubriendo un total de 40 bloques, a 13 grupos petroleros, incluyendo el nacional Statoil, los estadounidenses Chevron y ConocoPhillips, el alemán DEA, el japonés Idemitsu, el sueco Lundin, el austriaco OMV y el ruso Lukoil.

Las oenegés reclaman que se anulen esas concesiones, alegando que suponen un fuerte riesgo medioambiental.

Proteger a generaciones futuras

En su momento, Noruega explicó que «la concesión de nuevas licencias de producción […] satisfacía las exigencias resultantes del párrafo 112 de la Constitución y que la validez de las concesiones no puede atacarse basándose en eso», según Ole Berthelsen, un portavoz del ministerio de Petróleo y Energía.

Tres de esas licencias, las más contestadas, corresponden a una región marítima fronteriza y totalmente inexplorada hasta ahora, que Noruega y Rusia se disputaban desde hace tiempo, hasta la conclusión de un acuerdo en 2010.

Una de esas zonas es la más septentrional que Noruega haya abierto jamás a la prospección y las oenegés se dijeron preocupadas porque se encuentra muy cerca de la banquisa.

Además, los denunciantes acusan al gobierno de haber «violado el derecho a un medio ambiente sano y seguro para las generaciones futuras, garantizado por la Constitución noruega».

«Todo gobierno tiene el deber de proteger los derechos de las personas a un medio ambiente sano», subrayó Ingrid Skjoldvaer, portavoz de Natur og Ungdom, en un comunicado conjunto.

Gracias al oro negro, el país nórdico pudo constituir el mayor fondo soberano del mundo, de alrededor de un billón de dólares en la actualidad.

El pasado junio, Noruega propuso abrir a la exploración petrolera un número récord de bloques en aguas árticas del mar de Barents, pese a la hostilidad de las oenegés y de su propia administración, preocupadas por el clima y el medio ambiente.

Entre los bloques ofrecidos a las compañías petroleras, 93 están situados en el mar de Barents y los otros nueve, en el mar de Noruega, igualmente por encima del círculo polar.

«Una decisión favorable para los defensores del medio ambiente será notable y podrá sentar jurisprudencia, así que lo que está en juego es importante», declaró el profesor de Derecho de la Universidad de Oslo, Ole Kristian Fuachald, a la radiotelevisión NRK.

 Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 23 de noviembre en Oslo.

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