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lunes , 20 noviembre 2017
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UNES: Ley de Riego y Avenamiento debe fortalecer  la regulación de uso y tarifas de aguas nacionales
Carlos Flores ambientalista de la UNES. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura.

UNES: Ley de Riego y Avenamiento debe fortalecer la regulación de uso y tarifas de aguas nacionales

@SilviaCoLatino

Carlos Flores, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), anunció que presentarán una propuesta ante el Ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, para que induzca el fortalecimiento de la Dirección de Ordenamiento Forestal y Riego, la cual podría aprobar nuevas tarifas en el uso de las aguas nacionales y recuperar el vital recurso natural del país.

“La Ley de Riego y Avenamiento que forma parte del marco jurídico salvadoreño se enfoca en regular el uso del agua para el riego agrícola; pero aún existen vacíos de implementación, que les está generando serias dificultades al país”, afirmó Flores, en el marco de la Conmemoración del “Día Internacional del Agua”.

– ¿Qué problemas representan los vacíos en la implementación de esta normativa?

La Ley de Riego y Avenamiento se enfoca en regular el uso del agua para el riego
agrícola y data de 1993, ahora con 43 años de vigencia, consideramos que es una ley que no se cumple en su totalidad, como lo dicen los estudiosos de las ciencias
políticas, tiene “Vacíos de Implementación” y eso está generando serias dificultades al país.

No podemos olvidar que el 54% del agua de la que dispone el país es
usada para riego agrícola, estamos hablando de alrededor de 1 mil 100 millones de metros cúbicos de agua por año, eso es una gran cantidad de agua.

– ¿Cómo se distribuye?

Hay un pequeño porcentaje de agua que se destina y utiliza en Distritos de Riego en los que está Atiocoyo, Acaguapa, Lempa y el resto usado por los agricultores agro-industriales. Y ahí tenemos los principales que son los cañeros y ganaderos por el pasto, solo ellos están usando el 80% del agua disponible, que no se usa en
sistemas de riego que tiene una normativa con bastante detalle.

Porque desde la década de los años noventa los sistemas de riego dejaron de ser una prioridad para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el marco de la globalización neoliberal y se pasó de 22 pozos que tenían registrados en los distritos para terminar solo con 3 ó 4 pozos actualmente, o sea, la prioridad que tuvo el sistema de riego agrícola disminuyó. Y los que no están dentro de los distritos de riego han ido aumentando exponencialmente ¿Qué significa esto?, más conflictos sociales en los territorios.

– ¿Qué permite esta situación?

Ah, es la debilidad de diferentes instancias del MAG, que no tienen capacidad
para monitoreo adecuado para  los permisos que se extienden a quienes explotan el agua. El problema es que si tenemos una instancia que da permisos, para que
se rieguen “X” cantidad de hectáreas y con “X” cantidad de caudal, pero no hay capacidad de ir a monitorear que efectivamente se esté cumpliendo el permiso en el uso de la cantidad de agua y la extensión del terreno que especifica el permiso otorgado.

Y esto ha provocado que haya ríos totalmente secos durante esta época, porque aguas arriba del río los regantes han utilizado toda el agua, y no sabemos en cuántas hectáreas y tampoco para qué actividades. Este es el primer déficit de la implementación de la Ley de Riego y Avenamiento, la debilidad institucional en la regulación.

– ¿Cuál es el segundo vacío de implementación?

Es el costo de las tarifas para los regantes por el uso de las aguas nacionales. El artículo 50, de la ley establece que los regantes que pertenecen a los distritos de riego deben pagar una tarifa que al final, contribuye a la gestión del Distrito de Riego, que pertenece, que es como la tarifa que se paga por agua potable domiciliar por mantenimiento a los motores y la electricidad, ellos pagan esta
tarifa. El detalle es que, no pagan por el uso del agua.

Y los que no pertenecen al Distrito de Riego solo pagan un permiso para sacar el recurso hídrico y lo que pagan es una cifra ridícula.
Un ejemplo claro es la Hacienda El Diamante,, allá en el Sur de Ahuachapán, que gestiona CASA (Compañía Azucarera Salvadoreña). Esa hacienda de pagar la tarifa de un permiso serían solo 113 dólares, para obtener el riego de 247 hectáreas; en ese caso estaríamos hablando que pagan menos de 0.45 centavos por año.
Y nosotros hemos calculado que ellos riegan por hectárea durante la época seca, entre 4 a 5 mil 300 metros cúbicos, entonces, cuánto es la tarifa que CASA paga,  00000.1 centavos, o sea no pagan nada.

¿Y cuánto paga la gente?, hay comunidades que compran el barril de agua a 3 dólares con cincuenta centavos, esto significa que el metro cúbico cuesta 18 dólares, allá en Ahuachapán. Entonces, necesitamos que se resuelvan estos problemas operativos que consideramos que la actual Ley de Riego y Avenamiento tiene capacidad para resolverlos  y solo falta operativizarlos.

– ¿Cuál será la propuesta en concreto ante el MAG?

Nosotros estamos por una propuesta para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que fortalezca la Dirección de Ordenamiento Forestal y Riego para que se apruebe una nueva tarifa que permita recuperar recursos que se canalizan para inversiones de la gestión del agua en El Salvador.
Lo más importante es que la entidad tenga fuerza para monitorear y tenga
fuerza para hacer cumplir los parámetros que le otorgan los permisos para el riego con punteras.
Esto es importante, porque la expansión del cultivo de la caña de azúcar demanda mucha agua; con los estudiamos que se han hecho  encontramos, que solo entre los meses de enero a mayo este rubro utilizó  5 mil 630 metros cúbicos de agua por una hectárea de caña de azúcar.
Entonces, como lidiar si ellos, tienen subsidiada la venta de la azúcar, porque nosotros pagamos tres veces más alto el precio de la azúcar del precio que la venden afuera, o sea, les subsidiamos ese costo. Además, reciben el 13% de IVA , en concepto de devolución, porque reciben incentivos por la demanda de energía eléctrica, o sea, no pagan impuestos y, claro, reciben beneficios y no pagan el uso del agua. O sea, no hay donde perderse tienen altas ganancias, y estas son jugosas.

– ¿Qué opinan cuando cañeros e industriales argumentan la generación de empleos e inversión?

Todos y todas pagamos impuestos en el país. Decir que generan empleos no es excusa para no pagar impuestos; no estamos sobredimensionando nada, el impacto que tiene toda el agua que sacan en los manglares, que es un ecosistema, genera pesca porque ahí hay camarones, desovan peces, y viven otras especies marinas, generan alimentación para el sector  pesquero que hay en El Salvador, y si ellos, con el cultivo de la caña de azúcar, no quieren pagar por el uso del agua y encima afectan la pesca, es una injusticia para más de medio millón de personas que se sostienen de la pesca en el país o cuántos empleos genera la industria cañera. Y ahora, que están apostándole juntos a la mecanización de la producción de la caña de azúcar ¿Cuántos empleos van a dejar de generar?, también, entonces
estos son los temas que debemos conversar.

Los pequeños agricultores no pueden producir, porque todos ellos se beben el agua y que argumentaciones dan sobre ese abuso de agua. Hay un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEF), que dice que la política de dar incentivos fiscales como reducción de impuestos, todavía no se ha demostrado cuánto devuelve este mecanismo a la economía del país, y el gobierno toma el el 1% del PIB (Producto Interno Bruto) en incentivos fiscales para estos sectores, entonces, deberíamos saber cuánto reciben los cañeros de
esos incentivos y cuánto están retornando a la sociedad. Si generan inversión, si generan empleos, que lo demuestren de forma transparente.

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