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El gobierno de los Estados Unidos calificó como gran capo de la droga al empresario salvadoreño José Adán Salazar Umaña, quien a mediados de la semana fue capturado, por orden de la Fiscalía, por presunto lavado de dinero.
Los señalamientos contra Salazar Umaña, de operaciones turbias, no son nuevas, pues, un informe de la Inteligencia Policial lo vinculaba en hace más de siete años con el llamado “Cartel de Texis”.
Ni Estados Unidos, es decir la DEA, ni las autoridades locales procedieron contra Salazar Umaña, y cuando la Fiscalía lo hizo en 2015 fue por evasión de impuestos, por un monto de 2.5 millones de dólares, aproximadamente.
El actual Fiscal General, Douglas Meléndez, anunció el miércoles que había ordenado la investigación contra Salazar Umaña y su familia (esposa, hija e hijo), el año pasado, por lavado de dinero.
Según el Fiscal, Salazar Umaña dirigía una estructura criminal dedicada al lavado de dinero, cuyo monto podría superar los 215 millones de dólares.
Creemos que es importante que la Fiscalía entre de lleno a investigar los casos del crimen organizado, como el lavado de dinero o el narcotráfico, como lo ha hecho contra las pandillas, pero, es necesario que lo haga sin pretender llevarse de encuentro y de forma forzada a otros personajes, sobre todo, si son de la vida política y vinculados de la izquierda.
En el caso de Salazar Umaña, la Fiscalía informó, maliciosamente, que el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, era socio de Salazar Umaña en una empresa creada en el año 2000.
De acuerdo con el Centro Nacional de Registro (CNR), en efecto, el Vicepresidente Ortiz, junto a los empresarios Rogelio Cervantes y José Adán Salazar Umaña, creó la empresa Desarrollos Montecristo S.A de C.V., pero que está inactiva desde su creación.
Es decir, la empresa no ha tenido vida jurídica.
No obstante, el Fiscal dice que será investigada por sospechas de lavado de dinero, lo cual es correcto, pero, dado que la empresa está inactiva, la Fiscalía debería ser cuidadosa con sus comentarios, pues, deja entrever, sin decirlo contundentemente que el Vicepresidente de la República está en la mira de la Fiscalía.
Los que no están en la mira de la Fiscalía son los grupos empresariales que hicieron millonarios negocios con Salazar Umaña, lo cual deja dudas, y nos lleva a pensar que en este nuevo “atarrayaso” se tiene un doble propósito, golpear una estructura criminal y golpear al Gobierno indirectamente.
