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@arpassv
Las Organizaciones Anticorrupción aplaudieron ayer que la Cámara Primera de lo Penal haya rechazado la petición de la defensa del ex presidente Francisco Flores que buscaba separar al Juez Séptimo de Instrucción que lleva el caso.
Los abogados del ex gobernante arenero querían apartar al Juez Miguel Ángel García Arguello para evitar que éste pase el caso a fase de sentencia y que incluya el delito de lavado de dinero en la acusación penal. Sin embargo, shop click la Cámara declaró inadmisible dicha solicitud.
Las organizaciones demandaron la semana pasada que la Cámara rechazara la petición por extemporánea, carente de fundamentos y por ser parte de una estrategia para que el caso termine en la impunidad, tal como quedó el fraude CEL-Enel.
Así que la decisión de la Cámara de rechazar la coartada legal de los promotores de la impunidad, es la buena noticia que el país puede celebrar. Pero hay una noticia mala que todos los sectores decentes deben denunciar.
Se trata de las más recientes malcriadezas y arbitrariedades del Fiscal General, Luis Martínez, quien acusó de “defensores de pandilleros” a quienes rechazan su reelección y ha procesado injustamente a la persona que denunció sus conflictos de interés en el “Caso Rais”.
Indignadas, las organizaciones le exigieron que “se comporte a la altura de su cargo” y pidieron que la Asamblea Legislativa elija un nuevo Fiscal General honesto, capaz, independiente y comprometido con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Para las organizaciones, la persecución fiscal contra el abogado Mario Calderón y su esposa es un caso más que demuestra los atropellos del Fiscal Martínez contra quienes cuestionan sus actuaciones, sean éstos miembros de organizaciones sociales, periodistas o ciudadanos particulares.
Calderón, ex abogado del Grupo Rais, filtró información sobre viajes del Fiscal General en un avión privado del empresario Enrique Rais. Ahora él está preso y enjuiciado por “extorsión” otros delitos de tipificación confusa.
Por eso las Organizaciones Anticorrupción exigen que la Asamblea Legislativa no reelija al Fiscal que –además de no defender los intereses del Estado y la sociedad– persigue judicialmente a sus críticos y llama defensores de delincuentes a quienes promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción.
