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Es innegable la lucha que las organizaciones sociales y el Gobierno libraron ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siete años para ser exactos. Un litigio que desde sus primeras luces mostró el uso de presiones políticas y tácticas ilegales en la fabricación de pruebas contra un Estado soberano.
El fallo del “laudo arbitral” obtuvo un voto unánime de los tres árbitros, incluso el representante de la parte demandante. Cada uno reconoció que el Estado salvadoreño siempre trató a este inversionista de forma generosa y benevolente, pero, Oceana Gold antes Pacific Rim, no cumplió las leyes, ni los requisitos de la Ley de Inversión del país.
Pacific Rim llegó a San Isidro, Cabañas, en 2004, solamente contaban con un permiso de exploración minera con el que llegaron al municipio San Isidro, y de inmediato surgió un movimiento de las comunidades que rechazó su accionar por los daños a la salud y la contaminación hídrica, añadiendo un saldo luctuoso de cinco asesinatos de ambientalistas y las amenazas a muerte que pretendieron amedrentar a periodistas de la Radio Comunitaria “Victoria”.
La población tomó su decisión y de inmediato formaron el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, junto a la Asociación de Desarrollo Económico (ADES), nacido en Santa Marta, y así fueron creciendo en adhesiones hasta llegar a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) que retomó el reto de luchar y denunciar las acciones criminales contra la población y el medio ambiente.
De toda esta lección se deben tomar las experiencias positivas. Se pudo demostrar que un gobierno que trabaja junto a su pueblo crea una barrera infranqueable frente a poderes económicos y políticos que juegan sus cartas de réditos financieros y excepciones fiscales.
No es para menos, los intereses de las transnacionales mineras, amparadas a una Ley de Minería, con una data de tres décadas atrás, redujo del 4% al 2%, el porcentaje que las empresas mineras deben dejar al gobierno por la inversión extranjera y el resto simplemente es tomado por estas extractoras de metales preciosos del territorio nacional. Habrá que sumar las graves agresiones al medio ambiente y la profundización del empobrecimiento de las comunidades que viven en los alrededores.
El resultado es ahora, que Oceana Gold tendrá que resarcir con ocho millones de dólares al Estado salvadoreño por “costas procesales” y también se deberá trabajar en el fortalecimiento institucional en defensa del medio ambiente y planificar inversiones extranjeras, que estén dispuestas a someterse y cumplir las leyes de El Salvador.
