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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Transgresiones a deberes y prohibiciones éticas son las causas por las cuales el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha impuesto en el último año, 77 multas a 70 servidores y ex servidores públicos.
José Néstor Castaneda, presidente del TEG, dijo que estas multas o sanciones fueron impuestas de enero 2016 a mayo 2017, declaradas con base al contenido de los artículos 5 y 6 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
“Entre los demandados ante el Tribunal están servidores públicos, asesores, alcaldes y jueces. Una de las principales infracciones es realizar actividades privadas durante el horario laboral, es decir, existen algunos funcionarios que tienen un horario de 8 a 4, pero durante ese tiempo se han dedicado a otras funciones que no son propias de la institución donde laboran”, explicó Castaneda.
El funcionario detalló que la actual LEG solo establece la sanción económica para los servidores públicos que han cometido falta, por lo cual en la práctica muchos pagan la multa y siguen infringiendo la ley, por esa razón se ha retomado la normativa de las Convenciones Interamericanas de la Lucha contra la Corrupción, donde ya se establece que se puede suspender temporalmente en el cargo a un funcionario, sin goce de sueldo, pero no de una forma definitiva.
El presidente del TEG indicó que en el período comprendido entre enero 2016 a mayo 2017 se iniciaron un total de 675 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 230 fue por denuncia, 411 por aviso y 34 de oficio. Los avisos se reciben de forma presencial, vía telefónica, por medio de correo electrónico, redes sociales como Facebook y Twitter página web del Tribunal, fax y correo postal. Entre las instituciones públicas con mayor número de personas contra quienes se iniciaron los procedimientos está el Ministerio de Educación con 126, el Órgano Judicial con 100, Ministerio de Salud (54), Asamblea Legislativa (49) y Universidad de El Salvador (26).
Asimismo, el TEG inició un total de 258 procedimientos administrativos sancionadores contra servidores públicos de municipalidades, de los cuales 96 fueron a través de denuncia, 143 por aviso y 19 de oficio.
Con relación al ámbito territorial, se verifica que la mayor parte de los servidores públicos investigados en el mismo período laboran en instituciones en los departamentos de San Salvador (425), San Miguel (144), La Libertad (68), Santa Ana (38) y La Unión (25).
Castaneda enfatizó que entre las proyecciones del TEG está la reforma a la Ley de Ética Gubernamental y Su Reglamento, con el objeto de adecuarla a la realidad que exige El Salvador. Dicho proyecto pretende presentar reformas, ante la Asamblea Legislativa, que fortalezcan la gestión investigativa del Tribunal, con el objeto de hacer más ágil el proceso administrativo sancionador y por ende, aumentar el número de casos resueltos efectivamente año con año.
Asimismo, se pretende crear una nueva herramienta informática de seguimiento a los procedimientos sancionadores, para visualizar el estado de los expedientes y la etapa en la que se encuentran, que a su vez, genere reportes estadísticos.
El Tribunal es el ente rector de la ética pública, encargado de velar por el cumplimiento de la LEG, para cuyo efecto no estará subordinado a autoridad alguna, a fin de que pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin influencia indebida.
