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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático correspondiente a esta semana, se recibió a miembros de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y a Raquel Caballero, procuradora de Derechos Humanos, para que presentaran sus posiciones en cuanto a la Ley General del Aguas y como debería estar constituida la institución encargada de regir las políticas en cuanto al vital líquido.
Los primeros en dar a conocer su postura referente al tema fueron los miembros de la comitiva universitaria, quienes además presentaron una propuesta de como debería estar compuesta la autoridad hídrica. Adres Mackinley, experto en temas de agua y minería, expuso la iniciativa trabajada por la UCA.
“Nosotros planteamos la creación de un Consejo Nacional de Agua (CNA), el cual no será un comité consultor sino que tendrá un papel más grande en la toma de decisiones y estará formado por instituciones privadas, además de un ente público con participación de instituciones estatales, con funciones de diseño, gestión y planificación de las políticas, planes, programas relacionados al sector hídrico que llevará el nombre de Autoridad Nacional de Aguas (ANA)”, dijo Mackinley.
El experto de la UCA también agregó que estas dos instituciones se apoyarán mutuamente en el análisis y la aportación de insumos para asegurar una buena gestión del agua. Uno de los aspectos que más llama la atención, en la propuesta universitaria, es que si bien el CNA es un espacio se participación privada, dentro de su estructura no se contempla a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
“No tomamos en cuenta a la ANEP dentro del consejo, porque es usuario, y creemos que no debe estar regulando el agua ya que se presentaría a conflicto de intereses”, explicó Mackinley.
La propuesta de la UCA da especial importancia a los comités zonales de cuenca como principales impulsores del papel de las comunidades en la gestión equitativa del recurso hídrico.
Por su parte, Raquel Caballero, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se adhirió a la propuesta hecha por la UCA e indicó que su posición busca que haya consenso en la discusión de la ley de Aguas.
“Lo que pretendemos como institución es contribuir a un debate serio y propiciar diálogos y consensos en el tema del agua con base en los derechos humanos”, dijo la procuradora.
Tanto la comitiva de la UCA como la PDDH coincidieron en que la gestión del recurso hídrico no debe ser privada porque constituiría un retroceso, ya que en la actualidad la mayoría de países del mundo que tenían un modelo de gestión de este tipo están volviendo a depositar el control del agua al Estado, esto, según las instituciones antes mencionadas, muestra que el modelo privado no es viable.
