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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) aplaudió la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de apoyar la reapertura del proceso judicial por la masacre de siete sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.
A través de un comunicado, el IDHUCA dijo “la decisión de la FGR de apoyar esta reapertura es histórica, ya que significa un cambio radical de su postura inicial”, ya que cuando el proceso se abrió en los años 90’s la Fiscalía no procedió adecuadamente en la investigación de este caso.
La semana pasada, Douglas Meléndez, Fiscal General, informó que el Juzgado Tercero de Paz solicitó su opinión por el Caso Jesuitas, al que pidió que debe ser reabierto para dar contra los autores intelectuales del hecho.
Postura contraria de la FGR al inicio de este proceso, hace 17 años. “El inicio de este proceso se truncó fraudulentamente en la audiencia inicial del 12 de diciembre de 2000, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)”, establece la UCA, a través de su informe.
En tal sentido, el IDHUCA anunció que mantendrá informada a la población sobre los avances que surjan de este nuevo proceso, que inició el 27 de noviembre pasado al pedir la reapertura ante el Juzgado Tercero de Paz.
“Considerando el necesario derecho a la verdad y las urgentes garantías de no repetición, continuaremos informando acerca de los acontecimientos que se presenten en el seguimiento de la Masacre en la UCA, como crimen de lesa humanidad, por parte del sistema judicial salvadoreño y otros actores relevantes”, dicta el escrito.
Asimismo, el IDHUCA recordó que dicha petición contiene, básicamente, tres solicitudes, la primera es dejar sin efecto la resolución emitida en la audiencia inicial mencionada, también exigir a la FGR que presente un nuevo requerimiento conforme a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y por último convocar a otra audiencia inicial, luego de la presentación del nuevo requerimiento.
El IDHUCA recordó que su interés es el conocimiento de la verdad y la justicia, principalmente en contra de los autores intelectuales de los hechos, esto conforme a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y atendiendo lo certificado en el informe de la Comisión de la Verdad, que señala la probable responsabilidad directa de un grupo de oficiales pertenecientes al Alto Mando de la Fuerza Armada.
“La querella (de la UCA) se orientará hacia el combate contra la impunidad de tal responsabilidad militar, sin que esto implique una renuncia prematura a ampliar la acusación particular, en su momento, máxime si las nuevas investigaciones impulsadas por la Fiscalía arrojan elementos probatorios que justifiquen tal ampliación”, culmina el comunicado.
