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sábado , 16 diciembre 2017
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También por corrupción

@arpassv

El desafuero de Ana Vilma de Escobar constituye un precedente necesario para que ningún diputado abuse de su fuero para hacer declaraciones irresponsables, seek sobre todo durante las campañas proselitistas.

El retiro de la inmunidad parlamentaria es especialmente relevante en el caso de Ana Vilma de Escobar, ampoule ya que es protegida y representante directa de un poderoso grupo empresarial. Su desafuero sería una señala positiva de que los poderes fácticos ya no inciden con tanta determinación en las decisiones de la Asamblea Legislativa.

La legisladora de ARENA ahora deberá responder por los delitos de difamación y calumnia contra el ex presidente Mauricio Funes, a quien durante la pasada contienda electoral vinculó con el accidente de un Ferrari y con el consumo de drogas. Funes también acusó por estos delitos al diputado Roberto D Abuisson y al dirigente arenero Ernesto Muyshondt.

Pero ahora que está desaforada, Ana Vilma de Escobar debería ser investigada también por delitos de corrupción cometidos cuando fungió como directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores y vice presidenta de la República en la administración del ex presidente Antonio Saca. Tal como solicitó hace algunos meses el Foro de la Salud.

El Foro pidió en febrero de este año el desafuero de Ana Vilma de Escobar para que sea investigada por un faltante de 17 millones de dólares en Seguro Social durante su gestión (1999-2004) y por el manejo irregular de 34 millones de dólares de un fideicomiso para promover inversión y generar empleo cuando era vicepresidenta de la República (2004-2009).

El faltante en el ISSS fue revelado por el ex presidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez y la mala ejecución del fideicomiso fue denunciado por el ex presidente Funes en declaraciones de prensa. El primer caso ya prescribió, pero el segundo aún no.

Por la administración anómala del fideicomiso para inversión y empleo, el Ministerio de Economía interpuso una demanda formal contra Ana Vilma de Escobar en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hasta hoy no se conoce ninguna acción fiscal contra la diputada arenera por favorecer a empresas que no cumplían los requisitos.

Así que el desafuero es propicio para investigar a Ana Vilma de Escobar no sólo por los delitos de difamación y calumnia contra el ex presidente Funes, sino también por presuntos actos de corrupción que cometió como directora del Seguro Social y después como vicepresidenta de la República. Las organizaciones sociales deberían exigirlo.

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