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@JoakinSalazar
Los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieron un proceso de amparo, solicitado por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para impedir que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenará una sanción en su contra por no brindar información. En la resolución, los magistrados suplentes ordenaron al IAIP suspender todo trámite del proceso sancionatorio promovido, lo que también conlleva a la suspensión de la audiencia oral que estaba programada para este día. Lo que a juicio de algunos sectores de abogados esto es un auto blindaje, evitando que sean sancionados por otros tribunales.
El caso fue iniciado por el ciudadano, Keni Hernández, en le que solicitó a la Corte Suprema de Justicia, para que brinde información sobre la reunión sostenida de parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional con medios de comunicación el 23 de julio del 2016, en el local de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL).
Hernández, solicitó el nombre de la persona que los convocó a dicha reunión, y una copia certificada de la convocatoria o invitación a la reunión, además del registro en la correspondencia y si el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia tenia conocimiento de estos hechos.
De este proceso, la información fue negada por la CSJ, alegando que no existía convocatoria o invitación alguna, que se desconocía la lista de asistentes a dicha actividad y que no había una obligación para producir o recopilar la información, dado que escapa del ámbito de la aplicación de la Ley de Acceso a la información Pública.
Para los demandantes, que son los 15 magistrados de la Corte en Pleno, no existe dolo ni culpa en la omisión de entrega o generación de la información solicitada, sino que existe la imposibilidad de entregarla debido su inexistencia, por lo que resulta un “atentado al derecho de propiedad de cada uno de los magistrado de la CSJ la inminente imposición de una multa por la IAIP”
Esta mañana, Keni Hernández aseguró que este es un hecho sin precedentes, que ha venido a generar impunidad, sobre todo cuando un ciudadano quiere ejercer control sobre los funcionarios.
“Se han negado a brindar información sobre la reunión secreta que mantuvieron con medios de comunicación, el auto de admisión y medida cautelar es una clara violación a la Ley de Procedimientos Constitucionales, no existe aún una resolución definitiva ni un acto violatorio de derechos para los magistrados”, explicó.
De igual manera aseguró “los magistrados se están auto blindando y violentando el derecho a la información”.
