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lunes , 25 septiembre 2017
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Solidaridad con la PNC y Ejército

César Ramírez
@caralvasalvador

Las estructuras criminales que actúan en nuestra nación no pertenecen a las normas jurídicas de la guerra civil, sino a organizaciones delictivas fuera del marco constitucional de la sociedad democrática; toda la lectura de este fenómeno debe enfocarse hacia su rehabilitación o exclusión de la comunidad jurídica.

La Constitución de la República es clara en su artículo 74. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: 1 Auto de prisión formal; 2 Enajenación mental; 3 Interdicción judicial; 4 Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. Y en el artículo 75. Pierden los derechos ciudadanos: 1 Los de conducta notoriamente viciada; 2 Los condenados por delito; 3 Los que compren o vendan votos en las elecciones; 4 Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; 6 Los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad del sufragio. En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.

El marco constitucional posee límites dentro de la sociedad democrática, la cual después de la guerra civil enfrenta estructuras organizadas que se mimetizan dentro de la legalidad vigente, cometen felonías y actos que violan los derechos de los ciudadanos dentro de la constitución,  por ejemplo: usurpar espacios municipales ahogando a los comercios legales, coaccionar a empresas al pago de rentas, divulgar rumores terroristas, comerciar productos de dudosa procedencia, distribuir drogas, cometer asesinatos contra mujeres, ancianos, niños, etc., Fuera de todo marco de derechos humanos y que usualmente esa arbitrariedad es un acto terrorista.

Cuando acontecen los eventos trágicos del 15 de marzo de 2017 con seis asesinatos en el Mercado Central y nueve pandilleros más, mueren la madrugada del día 16 de marzo, con la característica que todos pertenecen a organizaciones ilegales, se hace visible la estructura armada que oprime a los sectores comerciales de esa zona, al igual la impunidad cuando ejecutaron a mujeres y niñas, e incluso una con cinco meses de gestación…

Me parece que esta realidad es un combate entre la institucionalidad de la República y las organizaciones irregulares armadas, con el grave riesgo que estas acciones puedan ser manipuladas por objetivos políticos… la peligrosa asociación entre políticos con estructuras criminales puede enfilarse al asesinato de los miembros adversarios de la clase política.

Nuestra sociedad ha rebasado el nivel de polarización, el nuevo fenómeno es el hecho que algunos miembros de la clase política poseen nexos con el crimen organizado, por ejemplo en el momento electoral: reuniones con capos, oferta de cargos en ministerios públicos, prebendas carcelarias, concesiones de territorios virtuales, promociones de acciones requisando DUI, etc., ¿ha sido un accidente el evento de los crímenes en el Mercado Central?

La ciudadanía trabajadora aplaude el despliegue de la policía, ejército y miembros de seguridad en esa zona, son los policías y los soldados la primera línea de defensa del pueblo trabajador.

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