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martes , 12 diciembre 2017
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Sobre la ley de pensiones

José M. Tojeira

El debate sobre la ley de pensiones no termina. Y lo que es peor, cialis no termina en solución. Hasta el momento tenemos una débil ley de pensiones, here que excluye a la mayoría de la población del país del derecho a la pensión de ancianidad. En ese sentido una reforma de la ley de pensiones que sea inclusiva y que favorezca a los trabajadores salvadoreños parece un acto de justicia. Sin embargo se alega que se va a dañar a los que llevan ahorrando en las administradoras de pensiones. Algunos periódicos afirman incluso que se les va robar los ahorros a la ciudadanía, treatment llamándole a la reforma “el robo del siglo”. Nada se nos dijo del robo del siglo cuando se privatizaron los bancos o cuando se van descubriendo maneras de evadir impuestos de algunos de nuestros millonarios a través de las empresas y papeles de Panamá. Pero sea como sea si se dañara derechos adquiridos en una reforma, sería cuestión de cambiar los artículos que ofrezcan esa posibilidad, y no de oponerse radicalmente a una reforma de la actual ley de pensiones, que parece necesaria desde principios de justicia.

En la lectura de las reformas a la ley no aparecen claros algunos puntos. Por supuesto el derecho a pensión debe ser universal. Y en ese sentido incluso las amas de casa deben estar incluidas, pues aunque no ganen salario, sí trabajan y le ahorran al país una enorme cantidad de dinero. Los campesinos y otros trabajadores autónomos no está claro cómo se incluyen en las reformas. Incluso en algunas circunstancias se exige que la aportación de los trabajadores independientes en ningún caso sea “inferior al salario mínimo mensual del sector comercio y servicios”. Con el sistema injusto y discriminatorio de salario mínimo que tenemos esa condición no parece justa. Los aportes al fondo de pensiones resulta también escasa. Un once o un doce por ciento del salario repartidos entre el asalariado y el empleador es bajo y no contribuye a cubrir una pensión digna universal. Por otra parte mucha gente no alcanza a trabajar los 25 años de un modo formal en un país como el nuestro en el que la informalidad ronda a veces casi el 50% de la población económicamente activa. La inclusión de estos trabajadores, incluidos los trabajos temporales, no aparece bien garantizada en la reforma de ley.

Tampoco aparece en la ley una garantía de que la proporción entre la pensión y el salario sea decente. Una norma que dijera que la pensión debe equivaler al menos al 50% del promedio salarial de los últimos 5 años trabajados establecería un mínimo de dignidad de la pensión. Así mismo, para quienes no alcancen a cotizar los 25 años, debería dársele una pensión relativa al trabajo realizado y no bajar del 80% del salario mínimo vigente en el momento de alcanzar la edad de jubilación. Las reformas de ley tampoco tocan la edad de jubilación. Hoy en día no se justifica una jubilación a los 55 años para la mujer y los 60 para el hombre. Mantenemos un estilo de jubilación por edad no sólo atrasado, sino difícil a la hora de asegurar la rentabilidad de las pensiones. Una misma y única edad de jubilación para hombres y mujeres sería lo más conveniente. Apuntar a los 65 de edad, haciendo excepciones en las ocupaciones que fueran peligrosas o exigieran mayor esfuerzo físico (pescadores, obreros de la construcción, etc.) sería hoy lo normal. Incluso algunas profesiones podrían optativamente seguir trabajando, si lo desean y permanecen aptos, hasta los 70 años. Si le permitimos a políticos, magistrados y otros funcionarios permanecer activos a esas edades, no hay razón para que otros no puedan jubilarse a la misma edad. No vale decir que la expectativa de vida al nacer en El Salvador es de 72 años. Porque aunque eso es cierto, también es real que la expectativa de vida de quienes tienen 40 y cincuenta años alcanza un cifra muy superior (probablemente rondando los 80 años). La expectativa de vida al nacer, como es un promedio que incluye a los niños que mueren en los primeros años, siempre es menor que la de las personas que han llegado a la madurez.

Siempre se puede defender este tipo de sistemas excluyentes diciendo que somos un país con pocos recursos y tenemos que dar lo que se pueda y a quienes se pueda. Y sobre todo buscar la legitimidad de los intereses individuales de quienes están en el mundo de la inclusión, olvidando los derechos de los excluidos. Un sistema así no hace sino generar violencia. La Carta Pastoral sobre la violencia en el país de nuestro Arzobispo insistía con toda razón en que la exclusión es una de las causas de la violencia. La propaganda de los millonarios y de quienes aspiran a llegar a esos niveles, insiste en que hay que ir poco a poco. Eso muchas veces acaba significando que se mantienen los sistemas establecidos de desigualdad y explotación. Evidentemente quienes insisten en estas posturas o defienden determinado tipo de normas que mantienen la exclusión en El Salvador son generalmente los que se benefician con la desigualdad. De todas maneras si se quiere avanzar en política no puede perjudicarse a los ciudadanos en derechos adquiridos. El trato a quienes están en la AFP debe garantizar que sus derechos no disminuyen con las reformas propuestas. Y esto debe aclarado la ley con transparencia y con los suficientes datos como para dejar sin armas a quienes insisten en el robo. Leyendo las reformas quedan siempre lagunas en la comprensión del ciudadano educado y es normal que le queden más preocupaciones a quienes les dicen o ven con sus propios ojos que se les perjudica en los ya débiles derechos que les daba el sistema antiguo.

Así mismo es evidente que una reforma de la ley de pensiones debería ir acompañada de una reforma de la ley del Seguro Social y de otras leyes, como la que garantiza el acceso a la vivienda popular o la del salario mínimo, que son evidentemente discriminadoras y por tanto  injustas. Arreglar a medias una de las diversas leyes que tocan derechos universales o instituciones públicas no garantiza soluciones para el país. La misma legislación impositiva debía ser revisada a fondo y buscar un acuerdo que subiera definitivamente los ingresos del Gobierno y los orientara a la inversión en la gente. El impuesto predial, entre otros, debía entrar pronto a formar parte de la fiscalidad salvadoreña. Los derechos ciudadanos están conectados siempre con la solidaridad y esta con la institucionalidad incluyente. Se puede avanzar poco a poco y dar pasos en las partes. Pero eso no da resultado si no hay un pensamiento sobre la totalidad que lleve, aunque sea por pasos, a una mayor justicia y hacia una inversión en la gente muy superior a la actual.

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