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Semillas, poder e imperialismo

Julia Evelyn MartínezJulia Evelyn Martínez

La Procónsul de  Estados Unidos en El Salvador, buy Mari Carmen Aponte, acaba de notificar  que las autoridades imperiales necesitan  recibir más  muestras de la lealtad del gobierno electo, no solo  para  poder recibir la donación de $277 millones del FOMILENIO, sino para  que pueda ser considerado un  aliado y  un amigo de los Estados Unidos.

 El imperio ahora exige que se deroguen  los acuerdos sobre “Disposiciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos Básicos” que desde 2013 permiten al Ministerio de Agricultura (MAG)  comprar de forma directa y sin licitación, semillas  nacionales a los productores y productoras nacionales. De acuerdo a Aponte, de esta manera se quiere asegurar  que las políticas económicas nacionales se apeguen a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por  El Salvador en 2004, y que las empresas norteamericanas puedan participar  sin ninguna restricción en los procesos de licitación y compras gubernamentales de semillas.

La derogación de este decreto  supondrá un retroceso en los pocos avances logrados en materia de autosuficiencia alimentaria observados durante la gestión gubernamental 2009-2014,  El año 2013, este decreto logró que las asociaciones y cooperativas agropecuarias abastecieran el 92% de las compras gubernamentales de semillas del sector público. Se espera que en  2014 este abastecimiento local de semillas pueda cubrir  el 100% de la demanda del MAG. Como era de esperar, esta nueva imposición del gobierno de Estados Unidos cuenta con el apoyo de las empresas que integran la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y por supuesto, tiene el beneplácito de  la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES).

Se sabe que el control progresivo de los eslabones que componen la cadena agro alimentaria de un país (insumos, financiamiento, tecnología, semillas, producción, comercialización, almacenamiento, etc.) es una de las principales objetivos de la estrategia de acumulación de capital de las empresas transnacionales en la fase del capitalismo global. Estas empresas han convertido a estas cadenas productivas  no solo en negocios rentables,  sino además  en un instrumento de control  económico, social, cultural y político de las personas que  producen y/o   consumen los alimentos provenientes de estas cadenas. Un aspecto importante de esta estrategia  es eliminar la capacidad de los productores y productoras locales de alimentos para conservar, reproducir y abastecerse de sus propias semillas. De esta manera, se logra que los sistemas productivos  locales y  el consumo de  las comunidades pasen a depender del abastecimiento de semillas producidas y patentadas por las transnacionales. Para ello, se imponen disposiciones en los tratados de libre comercio, que obligan a los Estados nacionales  a no poner restricciones al libre comercio e importación de semillas, bajo la amenaza de ser sancionados  económicas y/o políticamente.

En la actualidad, 10 empresas transnacionales controlan el 67% del mercado mundial de semillas, y dentro de éstas, dos  empresas norteamericanas (Monsanto y DuPont) y una empresa suiza ( Syngenta), concentran el 47% del mercado. Por cierto, la empresa   Monsanto adquirió en 2008 la empresa de semillas Cristiani Burkard, que representaba uno de los principales proveedores de semillas del gobierno antes de los decretos transitorios de promoción de granos básicos, y que sería por tanto, una de las empresas norteamericanas más  favorecidas con la derogación de estas disposiciones.

La penetración de las transnacionales en  las cadenas agroalimentarias  de Centro  América  se ha logrado mediante la acción coordinada entre  organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco  Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo)  y  entre organizaciones oficiales de cooperación bilateral (USAID) y  agencias de cooperación  multilateral (Programa Mundial de Alimentos  y Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura).  Mientras los organismos financieros internacionales presionan por una parte  a los  gobiernos para que adopten medidas de liberalización del comercio de insumos y productos agropecuarios, como parte de las reformas económicas que deben realizar para tener acceso a préstamos;  las agencias de cooperación, por otra parte, diseñan sus programas y proyectos de seguridad alimentaria y de competitividad rural a partir del modelo de cooperación público-privado, que incluye medidas para fortalecer la posición de  las empresas transnacionales en los eslabones de la cadena agroalimentaria, como abastecedoras y/o como compradoras de insumos, productos, tecnología, etc.

Estas estrategias cuentan con la complicidad (directa o indirecta) de los gobiernos y parlamentos  nacionales, que se ven forzados a acatar estas imposiciones, para mantener los flujos de endeudamiento  de las entidades financieras internacionales  y/o los fondos  de cooperación no reembolsable de Estados Unidos y de la Unión Europea, aún cuando esto implica una mayor dependencia alimentaria y la ruina de productores y productoras nacionales de alimentos.   Pero puede suceder que, algunas veces, la correlación interna de poder permite a algunos gobiernos  y a algunos parlamentos, aprobar medidas que van en contra de la hegemonía de las transnacionales y/o que apuntan al objetivo de la soberanía alimentaria. Este parece haber sido la coyuntura de El Salvador  durante los  dos últimos  años,  que hizo posible el uso de  disposiciones transitorias de fomento a la producción nacional de granos básicos,  y la compra y uso de semillas nacionales  para abastecer los paquetes agrícolas y otros requerimientos del sector público.

Sin embargo,  esta coyuntura  parece que está a punto de cambiar.

A su retorno de su vista oficial a los  Estados Unidos, el presidente electo Salvador Sánchez Cerén  ha asegurado que su gobierno cumplirá con todas las condiciones que se han  impuesto para otorgar los fondos del FOMILENIO , y ha reiterado su intención de mantener el asocio para el crecimiento con Estados Unidos. En consecuencia, no sería de extrañar que el gobierno electo ya se encuentre en proceso de preparación de  un plan alternativo para derogar estas disposiciones de protección a las semillas nacionales, y poder así cumplir  con la nueva imposición del imperio.

Sí algo nos ha enseñado el neoliberalismo es que  las políticas públicas económicas son ante todo y sobre todo, el resultado  de relaciones de poder,  que se expresan en la lucha de clases. Esta es la razón por la cual el neoliberalismo puso tanto empeño en debilitar y desmovilizar políticamente a los sindicatos y demás organizaciones sociales que podían salir a las calles y obligar a sus gobiernos a que no aplicaran reformas económicas neoliberales y/o a que se retractaran de ellas. Por consiguiente, a lo mejor ha llegado el momento para que las organizaciones que forman parte de mesas y de redes que luchan por la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario nacional,  salgan a la calle  a obligar al gobierno y a los partidos políticos para qué  actúen a favor de la soberanía alimentaria y de los intereses populares.

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