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México/AFP
Un funcionario defensor de derechos humanos que investiga la desaparición de personas fue secuestrado este viernes en el oeste de México, cuatro días después de que fuera asesinado otro titular regional, por lo que el ombudsman nacional exigió a las autoridades encontrarlo «de inmediato».
Los hechos ocurrieron cuando el funcionario, cuya identidad no fue revelada, se dirigía a sus oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) reclamó «dar de inmediato con el paradero del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad (Jalisco), que fue privado de su libertad esta mañana (viernes), para evitar hechos de difícil o imposible reparación».
También pidió que «en la investigación del caso no debe omitirse la línea relacionada con la labor de defensa de los derechos fundamentales».
El funcionario trabaja en la Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dedicada a la investigación de personas desaparecidas, reveló la prensa.
El lunes pasado fue asesinado Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (noroeste), que cuenta con distintos balnearios visitados por turistas nacionales e internacionales y sufre una ola de violencia ligada al crimen organizado.
Es la primera vez que ultiman a un ombudsman regional.
Hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba por la noche con su familia y dispararon con fusiles de asalto, matando de inmediato a De la Toba y uno de sus hijos. Su esposa y su hija menor resultaron gravemente heridas.
Luis Raúl González, ombudsman nacional, denunció al día siguiente «el clima de inseguridad que atraviesan los defensores civiles» y «la indiferencia de las autoridades».
Un total de 34 defensores de derechos humanos, de los cuales 14 mujeres, han sido asesinados desde 2006, cuando el gobierno militarizó la guerra contra las drogas, de acuerdo con cifras de la CNDH.
El gobierno creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir y dar custodia a aquellos que denuncien amenazas, pero hasta el momento ha sido insuficiente, según organizaciones civiles.
