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Viernes , 22 Septiembre 2017
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Secretaría de Transparencia denuncia fundaciones fantasmas vinculadas a ARENA
Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia. Foto Diario Co Latino

Secretaría de Transparencia denuncia fundaciones fantasmas vinculadas a ARENA

Redacción Transparencia Activa

De acuerdo a un investigación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) la Fundación Niñez Primero y Familias en Progreso que presidía la ex primera dama Lourdes de Flores habrían recibido $700 mil dólares durante el mandato presidencial de su esposo, Francisco Flores Pérez.

Marcos Rodríguez, secretario de la SPTA, declaró que “entre 1999 a 2004 durante gobierno de Flores hay más de $3 millones que se repartieron a unas 25 organizaciones”.

“El objetivo de esas dos organizaciones (una de la exprimera dama) era apoyar la Secretaría de la Familia, de la cual ella también era la responsable durante esa administración”, manifestó.

El funcionario también dio a conocer otro caso, el de la Fundación Buen Ciudadano, que en 15 días de 1999 recibió $457,142.83, sin embargo no existe registro de la misma y se desconoce quienes son sus fundadores. “En el Ministerio de Gobernación no hay información de esta fundación”, agregó.

Rodríguez, que actualmente dirige la investigación para informar a la población sobre la adjudicación de fondos a las ONG de todos los gobiernos, considera que es correcto que el Estado financie organizaciones “siempre y cuando se haga la asignación de manera transparente”.

Según los primeros hallazgos del informe de Transparencia, desde el año 2001, el Gobierno ha entregado a 149 instituciones cerca de $23 millones desde Casa Presidencial.

Esta iniciativa del Ejecutivo surge de los cuestionamiento del partido ARENA, que planteó que el Gobierno envía grandes cantidades de dinero a organizaciones afines al FMLN, y que esa práctica se ha iniciado desde que el partido de izquierda tomó el poder.

El diputado René Portillo Cuadra presentó el lunes pasado un anteproyecto de ley que regule estas adjudicaciones estatales a organizaciones o fundaciones sin fines de lucro a modo que el proceso sea transparente, se verifique la inversión y el uso eficiente de los recursos entregados.

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