Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
@SilviaCoLatino
“De los 19 millones de dólares que se llevó la minera (Commerce Group Corp) no nos compartió nada”, resumió Gustavo Blanco, líder comunal del cantón Mina de San Sebastián, Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
“Nací y crecí en este lugar, mi padre fue trabajador de la mina. La minera entre 1904 a 1953 se llevó 32 toneladas de oro de esta tierra; y entre 1978 a 1992 recogieron 23 mil libras de oro. De todo eso no nos quedó nada”, relató.
Pobladores provenientes de once caseríos que suman más de 4 mil 800 habitantes; junto a miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería
Metálica, entregaron una “carta compromiso”, a una delegación de diputados de los partidos FMLN, ARENA y PCN.
Los legisladores realizaron una visita de campo a las minas de San Sebastián, en el marco del anteproyecto de un marco normativo que prohiba la minería metálica en el país.
El cantón San Sebastián cuenta con un área total de 20.68 kilómetros cuadrados, que se ha visto afectada por el “drenaje ácido de mina”, herencia de la incursión minera en la zona, que afectó directamente a los ríos El Camarón y Las Marías, vertientes que dan vida al río San Sebastián, donde se une al río Albornoz, drena al Pasaquina que confluye al Guascorán, antes de llegar al océano Pacífico.
“Se burlaron de nosotros y nos trataron de forma brutal (empresa minera) y nos dejó en la ruina y cuando el gobierno le revocó sus permisos ambientales, respondió con una demanda contra el Estado salvadoreño ante el CIADI en el 2009, amparándose al Tratado de Libre Comercio y ese tribunal desestimó la demanda”, acotó Blanco.
Los caseríos El Puente, El Cerro, Los Melgares, Quebrada Onda, Las Trojita, La Presa, Los Espinoza, Baratillo Norte y Sur, El Comercio y Los Pozos, cuentan con un promedio de 800 viviendas, consideradas en una situación de contaminación de sus pocos recursos naturales y por tanto la salud de la población, explicó Kevin Yánez residente de la comunidad.
Ante esta situación, Yánez planteó tres problemas que deberán ser atendidos por las autoridades nacionales como la Asamblea Legislativa, en apoyo a las políticas de gobierno del Ejecutivo.
La legalización en la tenencia de la tierra, ya que muchos de los habitantes cuentan solo con “escrituras por posesión”, pero la tierra es de Commerce Group Corp. Pese a que la gente tiene más de 60 años de vivir en la zona.
La segunda petición va encaminada a un proyecto de agua potable, por parte de ANDA, para que los pobladores del cantón San Sebastián cuenten con el vital líquido, que por ahora lo compran hasta por 8 dólares, el barril, debido a que el agua se encuentra contaminada en su totalidad.
Y la tercera petición se encuadra en resurgir como una comunidad productiva, al encaminar proyectos sociales vinculantes, que les permitan otras oportunidades para contribuir a la economía del país, para que la población deje de dedicarse a ser “güiriseros” (mineros artesanales).
“Queremos revindicar nuestros derechos humanos y queremos que tanto la Asamblea Legislativa y el gobierno nacional ejecuten estos proyectos en el Cantón San Sebastián. Queremos que velen por todos los habitantes de esta zona donde se explotó la minería en nuestro país”, dijo Yánez, al leer la carta compromiso a los diputados.
El color amarillo verde del río San Sebastián es por el sulfuro que se desprende de la roca al contacto con el oxígeno, explicó la bióloga Cidia Cortez, que integra la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, al comentar que con una investigación del año 2010 quedó evidenciado que el drenaje ácido de mina terminó con la vida de la corriente del cuerpo de agua.
“En el río San Sebastián encontramos Aluminio y metales pesados en la tierra como Cadmio, Plomo, Hierro, Zinc y Arsénico, en estas zonas y el divisadero. Esto significa la muerte del recurso natural y de las personas. Hemos encontrado a gente con padecimientos de insuficiencia renal, cánceres y enfermedades pulmonares”, manifestó.
No obstante, consideró que se debe realizar una nueva investigación para evaluar la evolución de estos factores que han contaminado el agua y la tierra en el área territorial. Así como un registro más sucinto de las enfermedades que atiende las instancias de salud en el municipio.
La delegación de diputadas y diputados de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático que realizaron la gira de campo plantearon que si bien es palpable la existencia de la contaminación por la minería metálica, no podrían prohibir esta industria de forma total y a nivel nacional.
El diputado Jhonny Wright (ARENA) y Mario Ponce (PCN) que consideraron que la visita se enfocó más hacia una visión social, al mencionar a las familias que viven de “gúiricear” (mineros) y son sostén de la familia.
“Tenemos que ver que se va hacer con esta gente (gúiriceros) porque no vamos a prohibir las minerías industriales y no las artesanales; el impacto negativo al medio ambiente ya lo conocemos, no vamos a contradecirlo. Tenemos que pensar en hacer una reforma de ley, porque actualmente la actual habla de toda la minería, y solo podemos prohibir la minería metálica, sino las cementeras dejarían de producir cemento”, argumentó.
Wright, de ARENA, indicó que todos los datos obtenidos y junto a la carta compromiso se iba a discutir en la Asamblea Legislativa, augurando que en año y medio de la actual legislatura se podría buscar una reforma a la ley de minería.
“Sabemos que la Ley de Aguas tiene que ver mucho con este tema y creo que la discusión de ambos temas va avanzando y esperaría que ambos cuerpos de ley, logremos llegar aprobarlas. Yo soy un diputado y mi grupo parlamentario es de 35 y la Asamblea de 84 diputados, creo que llegar a una decisión unánime sería beneficioso; y estoy más inclinado (con la prohibición) porque no es igual, ver, que le cuenten a uno, pero debemos escuchar otros actores”, reiteró.
Mientras, la diputada por Usulután del partido FMLN, Estela Hernández admitió que es una deuda histórica con la población de San Sebastián, y que son reivindicaciones que acompañaran de forma coherente impulsando políticas públicas adecuadas.
“La población necesita una atención desde su gobierno municipal y luego el gobierno central para poder canalizar nuestros esfuerzos hacia las instituciones correspondientes. Recibimos su carta y por supuesto, que daremos seguimiento a algunos esfuerzos, que ya sabemos nosotros ya comenzaron. La deuda histórica es responsabilidad de todos y todas, debemos darle tratamiento y no podemos seguir con esos altos niveles de exclusión que se han tenido y por esto, es importante que vamos a responder a esas demandas”, aseguró.
Osmín pese a su piel oscura sus brazos, manos, pies y piernas lucen blancos de la roca de desecho de la mina artesanal, pese a sus 57 años luce de mayor edad, fue trabajador de la mina reconoció que es el único trabajo que conoce.
“Yo trabaje ahí y eran matados los horarios, me daban 87 colones de salario, y cuando tenía el turno de la noche eran 90 colones, era más alto, trabaje como 20 años y me quedaron a deber 9 semanas de salario.
Ahora como, güiricero (minero artesanal) trabajamos duro para obtener un gramo de oro y venderlo por 30 dólares, pero no siempre lo logramos, remover la tierra para buscar el oro en la roca, nos lleva meses para comprar alimentos”, reconoció.
“El río San Sebastián es irrecuperable y podría ser a mediano o corto plazo, el destino del río Lempa”, dijo Rodolfo Calles de la Mesa Nacional Frente a la Minería, y llamó a la reflexión “el Lempa es, un importante afluente para el agua potable de San Salvador y si a esto, sumamos el estrés hídrico,e podría provocar una situación irreversible para la vida de millones de salvadoreños”, concluyó.
