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lunes , 25 septiembre 2017
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Sala ha provocado “tremenda inseguridad jurídica”, advierten abogados
Magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes han modificado la Constitución con sus resoluciones. Foto Diario Co Latino

Sala ha provocado “tremenda inseguridad jurídica”, advierten abogados

Mirna Jiménez
Diario Co Latino

Abogados integrantes del Movimiento 5+ advirtieron anoche que una serie de actuaciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional está provocando inseguridad jurídica debido a sus imprevisibles decisiones que están modificando la Constitución de la República, sin que se cumplan los procesos de reforma establecidos por la misma Carta Magna y reservados a una Asamblea Constituyente.

“En este momento creo que la Sala se ha convertido en una entidad que genera temor a todo el mundo y se ha logrado que ellos provoquen una tremenda inseguridad jurídica en la vida del país”, consideró la abogada María Silvia Guillén, coordinadora adjunta de la organización.

Guillén señaló que en la actualidad, cuando van a tomar una decisión, los funcionarios públicos ya no pueden atenerse al texto de la Constitución de la República para garantizar certidumbre jurídica, porque luego aparecen los integrantes de la Sala de lo Constitucional y con una sola resolución pueden modificar la Carta Magna.

“El funcionario público ya no está pensando ¿estará (mi decisión) apegada a la Constitución, sino que dice ¿les irá a gustar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional?, y eso realmente le quita certeza jurídica a las actuaciones de los funcionarios públicos”, advirtió durante entrevista anoche en canal 10.

Puso para el caso el fallo que ilegalizó a los 84 diputados suplentes, cuando nunca se les pidió a los magistrados esa medida a través de un recurso de inconstitucionalidad, como lo establece claramente la Constitución de la República.

“A mí me parece que una resolución como esta, que es una de tantas, viene realmente a contradecir la Constitución, porque la Constitución habla de que hay diputados propietarios y suplentes”, explicó Guillén, quien agregó que este tipo de modificaciones constitucionales nacidas de interpretaciones de la Sala constituyen una situación grave porque están generando un “desconcierto” en las normas que le definen a la sociedad el “orden jurídico vigente”.

A criterio del abogado Rogelio Canales, “la Sala de lo Constitucional ha “rebasado límites y se ha ido a los extremos” desde los temas con menor trascendencia hasta aquellos que tocan la médula del Estado salvadoreño.

Agregó que la Sala está llegando a una situación donde toca las estructuras del Estado Salvadoreño cuya institucionalidad ha sido trastocada “tremendamente” a través de una serie de sentencias.

Canales catalogó como “golpe de Estado” la ilegalización de los 84 diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, porque el pueblo salvadoreño eligió de manera soberana a sus representantes legislativos, bajo las normas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, según la Carta magna, es la máxima autoridad en materia electoral.

“Entonces, ellos desconocen las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y desconocen la voluntad popular y desconocen a los 84 diputados suplentes, ¿cómo se llama eso? eso es un golpe a un órgano del Estado”, dijo Canales.

Sobre la campaña para crear una comisión contra la impunidad en El Salvador, similar a la Cicig de Guatemala, Canales señaló que tal como se ven las cosas en el país ya funciona una estructura parecida a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha tenido en los últimos meses una fuerte actividad entre las que se pueden mencionar la denominada Operación Jaque, que desmanteló una sofisticada estructura financiera de la pandilla MS y el reciente operativo contra un presunto cartel del crimen organizado, además de los procesos contra exfuncionarios.

“Resulta que en nuestro país, ya existe una Cicies, ya está funcionando una Cicies, una comisión, un comité de investigación del delito. Tenemos una Fiscalía que realiza una operación Jaque, que realiza una operación Lavado y lleva 10, 12, 15 , 20 personas a la cárcel, existe una Corte Suprema de Justicia que toma decisiones sobre la investigación del delito”, explicó Canales.

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