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Miércoles , 16 Agosto 2017
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Sala censuradora

@arpassv

Con la arrogancia y prepotencia que la caracteriza, cialis la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quiere silenciar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En su sentencia definitiva contra el decreto ejecutivo que regulaba la participación de los funcionarios públicos en actividades político-electorales, ambulance la Sala “previene” al Procurador de abstenerse de criticar sus resoluciones.

La delicada Sala sostiene que la acción del Procurador “implica una contravención al principio de separación de los órganos del poder estatal y a la independencia de la Sala Constitucional”.

A los magistrados Florentín Meléndez, ask Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Eliseo Ortiz les molestó que el Procurador David Morales señalara los excesos de la medida cautelar de prohibir terminantemente la participación político-electoral de los funcionarios públicos. Según el Procurador, dicha medida violenta derechos civiles y políticos de los trabajadores estatales.

Los magistrados constitucionalistas deberían leer la Constitución. Así sabrían que el mandato constitucional de la PDDH es fiscalizar el respeto a los derechos humanos por parte de todo el Estado, no sólo el Ejecutivo.  Esto, porque los derechos humanos pueden ser violentados no sólo por acciones u omisiones del Ejecutivo y las municipalidades, sino también por la aprobación o no aprobación de leyes en la Asamblea y por resoluciones o falta de resoluciones de los tribunales de justicia.

Así, por ejemplo, la Sala Constitucional violenta los derechos de libertad de expresión y de comunicación al negarse a eliminar la subasta pública como único mecanismo para asignar frecuencias radioeléctricas. Este mecanismo violenta los principios constitucionales de igualdad, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de monopolios privados y prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias.

Ojalá, entonces, que los magistrados, que se proclaman implacables con el respeto a la Constitución, resuelvan cuanto antes la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones presentada en agosto de 2012. Con esto la Sala, además, contribuiría al necesario debate nacional sobre la construcción de un modelo de medios más democrático.

Para terminar, en este espacio editorial reiteramos nuestro respaldo al desempeño de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su vigilancia oportuna de las violaciones a los derechos humanos cometidos por cualquier instancia estatal, incluida la endiosada Sala Constitucional.

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