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viernes , 24 noviembre 2017
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Robustecer el estado y enfrentar al crimen

Oscar A. Fernández O

Oscar A. Fernández O

Oscar A. Fernández O.

La política criminal aconseja planamente que el sujeto peligroso deba ponerse a resguardo en centros de reclusión especializados procurando la defensa social durante todo el tiempo en que mantenga su peligrosidad. En esta etapa el Estado entra en una zona muy delicada porque de su idoneidad y responsabilidad depende la buena armonía entre la autoridad y los derechos de las personas.

Lo que torna más difícil la tarea del Estado es cuando los organismos competentes fijan en las motivaciones exógenas, buy en los desajustes sociales, ask familiares etc., las causas de la conducta delictiva. Diagnosticada la delincuencia como fruto de una sociedad articulada con desigualdades e injusticias entonces el Estado debe encarar una revolución social que procure la justicia y una revolución penitenciaria que haga posible la resocialización de esta clase de delincuentes.

Se debe tener conciencia de la complejidad del problema que exige, por lo mismo, un tratamiento integral. El asunto de la mayor severidad de las sanciones es limitarse, apenas, a la punta del iceberg. El enfrentamiento al problema de la delincuencia y la violencia social, debe planificarse como Políticas de Estado, es decir integrales.

La principal tarea de nuestros Estados es repensar y fortalecer sus capacidades institucionales hacia un modelo de Estado social democrático participativo. Lo anterior significa establecer medidas de distinto orden que van desde un reenfoque del Estado de Derecho y el progreso de las leyes, hasta la conformación de redes de protección social en los sectores más vulnerables. Así también, la consolidación de la institucionalidad democrática implica desarrollar y mejorar los mecanismos de control interno de los órganos involucrados en el acometimiento de la delincuencia organizada, tanto nacional como internacional. De igual forma para hacer más eficaces estos mecanismos será necesario abrirlos a la participación y a las recomendaciones que provengan de la Sociedad Civil.

La cooperación interinstitucional es determinante para el éxito. Sin un conocimiento y un reconocimiento del asunto como un problema compartido, sin la construcción de confianza, sin un compromiso de involucramiento para enfrentarlo, no habrá estrategias eficaces y lo que tendremos será una mayor frustración ante este difícil y complejo problema de hondas raíces históricas y estructurales.

El rol de la Asamblea Legislativa es fundamental. En la medida en que los legisladores sean capaces de establecer leyes adecuadas, contemporáneas, más comprensivas del problema estructural y menos afines al “libre mercado”, se tendrá un avance muy importante en la persecución del delito y el crimen organizado nacional y transnacional, a partir de la coordinación de figuras legales y políticas y el establecimiento de penas similares para los mismos delitos, que involucre el problema de la víctima, así como el de los derechos. Las Comisiones Parlamentarias encargadas del problema, deben ser escrutadores de dichas políticas y acciones encaminadas a lograr seguridad pública.

La oportuna ratificación de tratados internacionales y otros acuerdos interestatales permitirán una ofensiva transnacional de carácter legal, con la mayor legitimidad que pueda disponer los Estados nacionales en su conjunto versus el experimento de la globalización capitalista de desdibujar al Estado.

La mayor transparencia de los organismos encargados de reprimir la criminalidad organizada es una condición que permitirá una mayor participación de la sociedad y de la comunidad, la que afianzará la legitimidad del Estado, de las acciones para efectivizar el imperio de la justicia, conjuntamente con el desarrollo de mecanismos que aseguren la protección de los sectores más vulnerables y más en general de los derechos individuales y colectivos en la sociedad. El diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas permitirá una readecuación de estas para obtener mayor empuje y evitará la necesidad de realizar compromisos con los criminales, que terminarán evidenciando la debilidad del Estado y la fortaleza de los delincuentes. Es como dice el profesor Edgardo Buscaglia, La Pax mafiosa.

En este contexto, es fundamental no militarizar la respuesta a los problemas sociales. Como consecuencia del desarrollo e impacto del crimen organizado han surgido diseños de política que buscan reforzar las capacidades militares, generando una posible militarización de la respuesta. En la mayoría de los casos, estos nuevos fenómenos ilegales se asocian a problemas sociales o a la discapacidad Estatal para resolver demandas sociales, no se trata de invasores que vienen a ocupar nuestro país, ni son ejércitos convencionales como los que usualmente se enfrentan en las guerras.

Una respuesta alternativa, obliga incuestionablemente a una intervención territorial de los servicios estatales, como primer eslabón de contención en lo que sucede a diario en las comunidades y barrios: pandillas que dominan las vecindades, el riesgo de violencia vecinal, abuso sexual, violencia intrafamiliar, venta de drogas y violencia del Estado, mediante el despliegue de una policía comunitaria, de prevención antes que punitiva, que junto a la comunidad discuta y enfrente los conflictos de forma alternativa y civilizada, sin descuidar el aspecto de persecución del delito.

El enfoque integral del problema de la seguridad y la violencia, requiere que uno de sus ejes la Policía Nacional Civil, ascienda al más alto grado de profesionalización, entendiendo por ello: la formación inicial acorde a las exigencias de la realidad y sobre la base de estándares de procedimientos homologados; la capacitación permanente; la especialización y la cobertura de todos los eslabones de ascenso de la carrera profesional policial; salarios y prestaciones sociales; equipamiento y tecnología avanzada; la transparencia y el vínculo con la comunidad, como eje de la conducta de servicio.

Para todo ello se requiere formular un plan y una hoja de ruta de implementación conjunta con las instituciones de la seguridad pública así como con el resto de organismos del Estado que deban participar en la solución estructural del problema. Esto con la finalidad de localizar y optimizar las acciones, evitando el despilfarro de los recursos y excesos en la inversión económica, y soslayar la duplicidad de esfuerzos no coordinados.

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