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Alberto Romero de Urbiztondo
El miércoles 27 de julio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó un informe de sus logros en el periodo 2013-2016, la actividad inició con la celebración de una misa de agradecimiento, lo que viola el carácter laico del Estado.
Quiero, en primer lugar, dejar claro mi reconocimiento al trabajo del Procurador de DDHH, David Morales, y a su equipo, que han mostrado una actitud valiente e independiente, defendiendo los Derechos Humanos y señalando, cuando ha sido necesario, su incumplimiento por parte del Estado. Muestras claras de ello son, entre otros, el “Informe especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador”, que aborda de forma clara los vacíos del Estado para garantizarlos, siendo tan importantes para las personas, pero a los que se oponen poderosas jerarquías eclesiásticas y grupos fundamentalistas; también el “Informe Sobre el Uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos”, que toca los intereses económicos de poderosos grupos oligárquicos.
Sin embargo, me ha sorprendido y dado cierta tristeza que la Procuraduría de DDHH no haya detectado que la celebración de un ritual religioso, como una actividad institucional, lesiona el carácter laico de esta institución, al dar, de esta forma, reconocimiento y respaldo a una institución religiosa determinada, lo que supone una discriminación hacia las personas con otras creencias o formas de pensamiento no religioso. Es cierto que esta actividad se realizó en el Hospitalito de la Divina Providencia, que tiene vínculos y connotaciones con la beligerante defensa de los Derechos Humanos que realizó Monseñor Romero, cuya figura sobrepasa su carácter religioso y tiene un amplio reconocimiento ciudadano; sin embargo, se podía haber realizado el acto civil en el Auditorio de este recinto y si algunas personas integrantes de la Procuraduría querían tener una celebración de rito católico, haberlo hecho como una actividad privada.
La garantía de la libertad de pensamiento y religiosa, y la autonomía del Estado respecto a cualquier iglesia, es también un derecho humano.
