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UN RETO PARA EL GOBIERNO, LA EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Alberto Romero de Urbiztondo

Las guerras de religión que asolaron Europa durante los siglos XVI y XVII, la difusión de la libertad de conciencia, el avance del conocimiento científico, el desarrollo creciente de la producción y el surgimiento de nuevos agentes económicos, fueron el motor para que los “súbditos” de las monarquías se revelaran y reivindicaran su derecho a convertirse en “ciudadanos”. Cuestionaron la legitimidad divina de los soberanos y fundamentaron la legitimidad de sus gobernantes en el poder que les conferían los ciudadanos que los eligieran, consolidándose el concepto moderno de democracia.

La Revolución Francesa de 1789, fue el acontecimiento más simbólico del surgimiento de estos nuevos estados, desarrollándose el concepto de laicidad como un principio de organización del Estado moderno, cuyo horizonte es la igualdad jurídica y las libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Siendo sus bases fundamentales: la soberanía popular y la libertad de conciencia.

Los pueblos, que han aspirado a asegurar la libertad de conciencia, consideran la educación como una herramienta imprescindible para afianzar formas de gobierno y un sistema de vida democráticos, en los que se exprese el pluralismo social y político del país y donde se  respeten plenamente las garantías individuales y los derechos humanos de toda persona.

El Salvador es un país con una sociedad con pensamientos y creencias cada vez más plurales. Según una encuesta del IUDOP (2009), el 50% de la población profesa la religión católica, el 38% se declara cristiano-evangélica, casi el 3% pertenece a otras denominaciones religiosas y el 9% dice no tener religión.

Por otra parte, somos una sociedad con una experiencia democrática reciente y unos altos niveles de desigualdad, injusticia y exclusión. Por ello, la educación en ciudadanía debería convertirse en uno de los contenidos fundamentales que fueran formando a nuestras niñas, niños y jóvenes en futuros ciudadanos y ciudadanas, sin dogmas ni verdades absolutas excluyentes, con valores humanistas universales, en la pluralidad y el respecto a los derechos humanos y la diferencia, con el conocimiento y respeto a los principio constitucionales, éticos, no sexistas y democráticos.

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