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@GloriaCoLatino
“Posiblemente en la primera quincena de junio o finales de mayo se conozca la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)” , sale dijo Saúl Baños, de la Mesa Nacional frente a la Minería, al confirmar que el abogado que representa al Estado salvadoreño en esta instancia internacional, adscrita al Banco Mundial, ya recibió un aviso del dictamen.
“Sabemos que el gobierno ya recibió este aviso y creo que sería bueno que los medios de comunicación preguntaran al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sobre los pormenores del caso que lleva 7 años, en el CIADI, desde el inicio de la demanda por parte de la transnacional Pacific Rim”, afirmó.
Baños señaló que el Estado salvadoreño ha gastado 12 millones de dólares, en costas procesales (honorarios de abogados y personas que intervienen en el juicio), que sería nefasto junto al pago de 250 millones de dólares, que pidió Pacific Rim, como indemnización en su demanda contra El Salvador.
“Estamos a la espera que en la primera quincena de junio se pueda conocer el laudo arbitral, esperamos que el Estado salvadoreño salga favorecido; sería totalmente contraproducente a todos los esfuerzos que el gobierno está desarrollando, para proteger el recurso hídrico y que venga una demanda contraria a El Salvador”, reiteró
La Mesa Nacional Frente a la Minería y otras organizaciones sociales en Europa, América Latina y Estados Unidos, entregaron una carta en las sedes diplomáticas de Canadá, dirigida al Primer Ministro, Justin Trudeau, a fin de que regule de forma efectiva a las empresas mineras canadienses que operan en Latinoamérica.
“Sabemos que Canadá es uno de los países que más actividad minera realizan a nivel global”, dijo Saúl Baños. “Estamos acá, en la sede de la Embajada de Canadá para presentar esta carta que exige una mayor responsabilidad porque sabemos que el gobierno canadiense está influyendo diplomáticamente, para que en cada país latinoamericano las mineras puedan ingresar, pero aparte de mecanismos diplomáticos también están ayudando financieramente”, explicó.
El abogado reiteró que hay dictamines de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han determinado que todas las acciones de las mineras son violatorias a los derechos humanos y que se ven robustecidas en las conclusiones de un informe elaborado por una coalición de organizaciones titulado “El Impacto de la Minería Canadiense en América Latina y la Responsabilidad de Canadá”.
Edgardo Mira consideró que el gobierno canadiense debería respetar la decisión soberana del pueblo salvadoreño de prohibir la explotación minera en su territorio, porque es un derecho humano a decidir sobre los recursos naturales de los cuales depende la supervivencia de la población.
“La minería metálica en el mundo y en el país ha provocado graves daños en el medio ambiente y particularmente en el país hay una intencionalidad manifiesta de empresas, la mayoría canadienses, consideramos oportuno pronunciarnos este día, como las otras organizaciones a nivel latinoamericano, exigiendo que no queremos minería, porque está comprobado que genera graves daños a la vida de las personas, la naturaleza y el país lo que necesita es tener mejor calidad de vida”, subrayó.
