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José M. Tojeira
Carlos Cáceres es, look al menos técnicamente, decease un buen Ministro de Hacienda. Hace lo que le toca, here busca soluciones en tiempos difíciles y con frecuencia habla con claridad sobre las dificultades de la hacienda pública. Uno de los asuntos que le preocupan, y debería preocuparnos a todos, es el tema de las pensiones. Por eso mismo ha hablado recientemente de proponer una nueva ley de pensiones. Solucionaría, según él, el problema de liquidez con el que se enfrenta el sistema hasta ahora, sobre todo a partir de la privatización de las pensiones. Y favorecería, nos dice, una mayor posibilidad de capitalización de los depósitos de las AFP. Sin conocer la propuesta, pero a partir de lo dicho por el Ministro, podemos ver que hay un problema de fondo: La nueva ley trata de resolver el problema actual del sistema de pensiones. Pero no tiene como objetivo principal universalizar el sistema de pensiones. Y sobre ese tema debe haber un debate ciudadano, y no sólo la presentación de una ley que no toca el tema.
El sistema actual de pensiones de El Salvador no es universal. Desde su fundación, y peor desde la privatización, es un sistema injusto, que multiplica la desigualdad en El Salvador, clasista y favorecedor de los que tienen un poco más, mientras excluye y margina a los pobres. El gobierno de Mauricio Funes comenzó un sistema de pensión compensatoria para no contribuyentes, mayores de 70 años. Pero su implantación gradual se ha quedado cubriendo un porcentaje de ancianos muy pequeño. Como otras tantas redes de protección social salvadoreña excluye de sus beneficios a los más pobres, que ni siquiera tienen la capacidad de cotizar. No garantiza la pensión digna de por vida ni siquiera a los cotizantes y tiene como punto de partida un sistema de jubilación en muchos aspectos obsoleto. Que los varones se jubilen a los sesenta años y las mujeres a los cincuenta y cinco podía tener cierto sentido hace años. Hoy, con el aumento de la expectativa de vida del salvadoreño, ha dejado de tener sentido. Es absurdo además que a los trabajadores del campo en algunos de los municipios más pobres se les dé una pensión compensatoria, tanto a hombres como a mujeres al llegar a los setenta años, y quienes tienen trabajos más cómodos y menos riesgosos se puedan jubilar incluso antes de los sesenta.
Cada vez más, incluso instituciones como el Banco Mundial, no digamos las Iglesias, se insiste en que la desigualdad rompe el tejido social y crea violencia. Pero nosotros en El Salvador seguimos empeñados en mantener sistemas de protección social que legalizan, mantienen y multiplican la desigualdad. Nuestras redes de protección social no son universales, excluyen a las mayorías e inducen al desprecio de los pobres al darles oficial y legalmente menos derechos. La ciudadanía, los partidos políticos y los gobiernos en general tienen que meditar estos temas, si quieren realmente erradicar la violencia. No podemos decirle a la gente que viva pacíficamente la injusticia social. Los que más hablan de la ineficacia del Gobierno en el control de la violencia ni la controlaron nunca cuando fueron gobierno, ni se han preocupado históricamente de la misma, que es endémica en El Salvador, ni se han dado cuenta de que la injusticia social, la estratificación desigual e insultante de derechos humanos básicos, es de por sí violenta y produce violencia.
Dicho esto, no podemos quedarnos solamente en la denuncia de lo injusto. Lo importante es debatir una ley de pensiones que incluya a todo el país. Los patrones deben aportar notablemente más tanto al Seguro Social como a quienes administren las pensiones. Todo trabajo debe formalizarse y todo trabajador debe recibir sus prestaciones. Es indispensable crear legalmente la categoría de trabajadores autónomos, para que campesinos, vendedores ambulantes, trabajadoras del hogar, tengan derecho a pensión en el futuro. No podemos ni debemos descansar hasta que el derecho a la pensión sea realmente universal, cubra a todos y todas los salvadoreños y cumpla con el derecho a una vejez digna y asegurada, como menciona el artículo 25 de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos signada por El Salvador. No podemos tolerar que, en la práctica y desde los datos existentes, la pensión sea un privilegio exclusivo y excluyente de solamente una cuarta parte de la población.
Caminos hacia la justicia social hay muchos. Indudablemente se tropieza y se seguirá tropezando con los egoísmos de los poderosos. A veces incluso habrá que enfrentar a sindicatos corruptos, como los que en El Salvador están o estaban en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Sindicatos que en el último aumento del salario mínimo proponían un aumento inferior al que proponía la empresa privada, y por supuesto inferior a lo que proponía el Gobierno. Cuando se habla de aumentar la edad de jubilación siempre salen a colación frases vacías sobre el derecho del trabajador, como si los que no están incluidos en el derecho a pensión no lo fueran. Ampliar la edad de jubilación en El Salvador hasta los sesenta y cinco años, tanto para hombres como para mujeres debía ser un tema de debate racional e incluso solidario. Sería incluso interesante poner en ese plus de años de trabajo previo a la jubilación una cuota pequeña pero solidaria en favor de las pensiones no contributivas. Pensar que vamos a resolver los problemas salvadoreños sin generosidad e incluso sin una pequeña cuota de sacrificio es estar fuera de la realidad. Y mientras estemos fuera de la realidad, la violencia, el homicidio, la corrupción y el resto de las plagas que nos afectan seguirán teniendo fuerza y haciendo daño entre nosotros.
