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Oscar A. Fernández O.
La participación ciudadana es un concepto amplio, buy cialis como ya lo hemos explicado anteriormente, que en una de sus significaciones principales, se refiere a la posibilidad que tiene la sociedad civil para que, mediante propuestas, acciones e iniciativas, pueda participar en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que le afectan. La participación ciudadana es un factor primordial para lograr una sociedad realmente democrática, una sociedad de personas libres, responsables y comprometidas. Requiere dos condiciones: una ciudadanía concienciada y dispuesta a ejercer su derecho a defender los intereses de la mayoría y unas instituciones que lo permitan.
Sin embargo, en el marco de la globalización económica, el sistema democrático se enfrenta a una paradoja: los ciudadanos se desinteresan de la política, como lo demuestra la subida de la abstención en muchas elecciones. Pero, por otra parte, esos mismos ciudadanos desean controlar mejor la acción pública y participar más en la elaboración de proyectos que les conciernen directamente. ¿Cómo conciliar estas dos tendencias?
Los procesos de democratización del Estado en A.L. no sólo han implicado un proceso de reformas a la institucionalidad asociada al régimen político (Poder Ejecutivo, Legislativo y Partidos Políticos), sino también a las instancias del propio aparato estatal y en particular a la gestión gubernamental promovida desde estas instancias.
Estas transformaciones acaecidas en la gestión gubernamental, expresan la relación con la creación de mecanismos para la participación de la sociedad civil tanto en la formulación de políticas y decisiones públicas como en la gestión de servicios o programas públicos.
En este contexto entenderemos a la participación ciudadana como “el involucramiento e incidencia de la ciudadanía (y población en general) en los procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan al desarrollo económico, social y político, así como el involucramiento en la ejecución de dichas decisiones, para promover, en conjunto con actores sociales e institucionales, acciones, planificaciones y decisiones hacia el Estado.
Como resultado de la contracción estatal que se identifica comúnmente con el neoliberalismo y la desarticulación del corporativismo, uno de los problemas que afecta seriamente al conjunto de la sociedad democrática es el vinculado con el de la representatividad. Esta tendencia está marcada por una profunda y amplia transformación de la democracia, donde las estructuras institucionales representativas han sufrido serias averías. Estos cambios paulatinos han generado, dentro y fuera del espectro político, que la sociedad civil articule posiciones diferenciadas del Estado y, a su vez, participe y acceda a espacios nunca antes imaginados. Esta situación en el sistema democrático occidental puede ser entendida si vemos que en el terreno de la política ya no sólo participa el Estado, los partidos y las formas de organización tradicionales.
Ahora vemos que hay una diseminación de la política cada vez mayor hacia el campo de la sociedad civil, a pesar del esfuerzo de los centros hegemónicos de poder, por despolitizar a las sociedades. Es decir, la representación política ya no es exclusiva de los partidos. Hay una mutación tangible en la política: la representación pasa a otro terreno, al ámbito de la sociedad, al terreno de la democracia de lo público.
La democracia, hoy en día, constituye un ideal en muchos países. Su objetivo fundamental, y por ello, su búsqueda incesante, es la consecución de la plena libertad e igualdad de los seres humanos. Como consecuencia de ello, las sociedades occidentales han creado un conjunto de normas e instituciones tendientes a consolidar el sistema político democrático. Asumimos que el concepto de participación ciudadana implica necesariamente que los individuos, ya sea a título personal o colectivo, desarrollen una acción tendiente a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o político.
Sin embargo, en una democracia representativa no todos participan aunque quieran y los que deciden participar en una acción colectiva no siempre resultan beneficiados. Por ello, que la participación ciudadana además de ser un puente para cumplir objetivos es, a la vez, una acción que acarrea sus riesgos. La participación ciudadana proporciona una base vital al sistema político democrático; sin embargo, la participación no explica ni basta para fundamentar el cuerpo de la democracia representativa.
Es evidente, antes esto, la necesidad de una transformación del modelo democrático representativo a fin de adecuarlo mejor a los nuevos problemas y necesidades. Sin duda, la forma de Estado-nación no tiende a desaparecer como muchos lo intuyen. Más bien, el Estado democrático, específicamente las instituciones político representativas que dimanan de él son las que están sorteando malos tiempos.
Es observable una creciente apatía de los votantes en varios países, debido a la incapacidad de los partidos políticos tradicionales y las instituciones públicas de un Estado “privatizado”, para mediar, transmitir y resolver las demandas ciudadanas; además, el Estado ha perdido representatividad para procesar los reclamos ciudadanos, cada vez más diversos, que requieren respuestas en materia de políticas públicas, alejadas de los esquemas tradicionales. Por ello, la democracia exige una ciudadanía participativa. Así como la ciudadanía exige que en democracia existan mecanismos para la participación de la sociedad. Ambos son conceptos interdependientes. No hay posibilidad de encontrar una democracia genuina y activa sin una ciudadanía plenamente asumida, con la conciencia plena de que son los pueblos los que construyen sus destinos.
Contraria a la democracia participativa, la democracia representativa liberal, articula la política sobre la acción individual y privada, sobre la elección aislada de los individuos singulares, y alcanza su máxima expresión en el voto secreto. A su vez, la ciudadanía se configura como una esfera restringida de realización de las preferencias y la concepción de identidad resulta ser individualista. En cambio, la democracia participativa modelo republicano- considera a la política como una dimensión eminentemente pública, anclada a través del debate racional y la interacción comunicativa entre los ciudadanos. Asimismo, la ciudadanía se concibe positivamente como participación activa, directa y expansiva en la génesis de la voluntad política y, ocasionalmente se vincula con la idea comunitaria, en la que la solidaridad entre los individuos genera una identidad y una acción colectivas.
Delineando los contornos de ambas ideas democráticas podemos sostener que el término liberal reduce la acción social mientras, que la idea republicana revolucionaria, entiende el concepto de participación como un acto social en sí y el producto de ese acto presupone una decisión personal consciente.
