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Orlando de Sola W.
Somos individuos sociales que vivimos en familias, seek clanes, naciones y otras formas de comunidad. No nos gusta vivir en soledad, sino en sociedad, pero también gustamos conservar nuestra propia identidad.
Nuestras organizaciones sociales reflejan nuestros vicios y virtudes individuales. Pero no por ello debemos sacralizar lo público y demonizar lo privado, o lo contrario, ya que sin raciocinio, voluntad y libertad no hay paz en comunidad.
Nuestro mestizaje cultural viene de las monarquías absolutas europeas y de los sistemas ancestrales americanos. Por eso, a pesar de la república, seguimos aferrados a los favores, prebendas y privilegios del mercantilismo. No somos libres, igualitarios y fraternos porque nos avasallan la miseria, la inequidad y el servilismo ancestral.
Tratamos de adaptar nuestra conducta individual a las costumbres del conglomerado, llamándonos éticos cuando nos apropiamos del “ethos” griego, y llamándonos morales cuando nuestra conducta se ajusta a las costumbres, o “mores” en latín.
Nuestra conducta colectiva también merece ser examinada. Por eso debemos considerar las futuras concesiones, o asocios público-privados con seriedad. Necesitamos dialogar sobre los alcances del estado y el mercado, que no son contradictorios, ni excluyentes, sino complementarios.
Somos, hacemos y tenemos en comunidad. Pero nuestro orden social puede ser creado, como el estado, o espontáneo, como el mercado. Ambos son útiles para dirimir nuestras diferencias individuales y colectivas, o para satisfacer necesidades públicas y privadas. Pero se requieren funcionarios y empresarios que sirvan a la comunidad; no que la expolien, o la exploten.
Corresponde al estado proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, especialmente la propiedad de nuestro cuerpo, pensamiento y sentimientos. Esos derechos inapelables son anteriores y superiores al derecho positivo, a veces abusado por quienes legislan, o interpretan leyes.
Corresponde al mercado, a través de los precios y valoraciones personales, orientar las necesidades y posibilidades de la gente.
Los precios son el idioma universal con el que expresamos nuestras preferencias y rechazos a los bienes y servicios ofrecidos. Sirven para guiar nuestra oferta y demanda universal, siempre y cuando no haya contaminación por coerción, fraude, o estafa.
El Bien Común y nuestras necesidades particulares pueden ser satisfechos por el estado y el mercado, dependiendo de las posibilidades reales de esos dos titanes. Pero el Principio de Subsidiariedad limita lo público (el estado) a intervenir cuando la acción privada (el mercado) ha sido agotada, es insuficiente, o ha fracasado.
Ambas formas, la pública y la privada, son válidas, pero no siempre los estados, sus gobiernos y funcionarios tienen la autoridad, el poder y la influencia para persuadir, obligar y conducir al pueblo.
Lo mismo ocurre con las empresas privadas en el mercado, que pueden fallar en su afán por satisfacer necesidades, a cambio e utilidades.
Ambas formas pueden fallar, pero recordemos que las empresas públicas (los gobiernos, sus instituciones y funcionarios) se nutren con fondos públicos, de origen coercitivo, mientras que las empresas privadas (sus propietarios, dirigentes y empresarios) se nutren con fondos propios y préstamos voluntarios.
La seguridad, la justicia y las relaciones internacionales fueron las funciones originales de los estados nacionales. Después se agregaron otras, como salud, educación, obras públicas y demás. Pero, cuando las funciones prioritarias, como la seguridad y justicia, no han sido satisfechas, no es posible tener éxito en otros campos.
Las necesidades, deseos y aspiraciones de la humanidad no tienen límite. Pero esa no es razón para descartar lo público, ni lo privado, sino poner en perspectiva sus verdaderas posibilidades, recordando que la fuerza monopólica puede volverse violenta cuando el estado, el mercado, o ambos, se separan de la verdad, la justicia y la libertad.
El consumo personal de bienes y servicios es el fin del proceso productivo, no el consumismo, que es su degeneración. Pero, para producir bienes y servicios necesitamos invertir, lo cual significa ahorrar, que es lo mismo que postergar nuestro consumo. Esa postergación puede hacerse de dos formas: la forzosa, con impuestos (que son ahorro forzoso) y la voluntaria.
Cuando los ingresos personales y familiares no alcanzan, es imposible postergar el consumo en forma voluntaria. Por eso los promotores de las nuevas concesiones, o asocios público-privados, intentan captar ahorro e inversión en el extranjero, donde también existen formas voluntarias e involuntarias.
Es legítimo atraer ese ahorro y de hecho se hace con las remesas y los préstamos extranjeros. Pero conviene recordar que en 1922 el gobierno de El Salvador emitió bonos para pagar una deuda antigua. Los bonos fueron comprados por inversionistas norteamericanos que exigieron intervenir las aduanas salvadoreñas para cobrarse el empréstito con impuestos a la importación.
No todos los empréstitos llevan esa condición, pero tenemos una enorme deuda pública. Y recordemos que las concesiones son como las patentes de corso del siglo XVI, otorgadas por monarcas europeos a sus corsarios favoritos, como Francis Drake y Walter Raleigh, en Inglaterra.
En el caso de la corona española, los repartimientos, encomiendas y haciendas fueron las concesiones otorgadas por los monarcas a sus adelantados, conquistadores y colonizadores, como Hernán Cortez, Pedro de Alvarado y otros.
Siglos después, en la era republicana, con concesiones se construyeron los ferrocarriles, la generación y distribución de energía eléctrica y otros servicios públicos, como el transporte colectivo de pasajeros, que sigue “privatizado” y subsidiado, a pesar de su inoperancia.
Cuando vencieron las concesiones para los ferrocarriles, el estado salvadoreño asumió la responsabilidad de prestar ese servicio público, pero fracasó, como es evidente con Fenadesal.
CEPA, CEL y las otras autónomas también son asocios público-privados, en el sentido que sus directivas son integradas por funcionarios y empresarios.
Pero recordemos que no manejan ahorro e inversión voluntaria, sino coercitiva.
Que pasará con las futuras autónomas y demás asocios público-privados que ya existen? Antes de seguir disponiendo de lo propio y lo ajeno, aprendamos a distinguir entre el orden espontaneo del mercado y el orden creado del estado.
Preguntémonos quien, cuándo, cómo, dónde, porqué y para qué se pretende fabricar ese nuevo orden público-privado, denunciando toda fuerza, fraude, o estafa que lo distorsione.
