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Por Oscar Nuñez
San José/AFP
El Congreso de Costa Rica se apresta a votar un proyecto de ley que declara el acceso al agua como un derecho humano, en medio de un encendido debate entre quienes aseguran que permitirá una mejor protección del recurso y quienes temen que se abra un portillo a su privatización.
La nueva ley de aguas, que reemplazaría la normativa vigente desde 1942, fue formulada por iniciativa popular con la firma de 170.000 ciudadanos, un mecanismo que obliga al Congreso a promover la ley con una orientación y en un plazo determinado.
El texto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece que el agua es un bien de dominio público y que el servicio de tratamiento y distribución del líquido solo podrá ser brindado por una institución pública o entidades sin fines de lucro.
También establece un rango de prioridades para el uso del agua encabezado por el consumo humano y agrícola; prohíbe la exportación; aumenta los cánones que deben pagar las empresas que hacen uso intensivo del recurso y fija sanciones severas contra los contaminadores.
Sin embargo, la iniciativa ha generado divisiones y alineamientos curiosos entre grupos ambientalistas, académicos, partidos políticos, sindicatos y cámaras empresariales.
Bien social o económico
En un mundo en que el agua es un bien cada vez más escaso, Costa Rica es una excepción con su oferta de 110 km3, lo que significa que cada habitante del país dispone teóricamente de 25.571 m3 al año, según el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH).
Esto es más del triple de la media mundial, de 7.000 m3, y explica en parte por qué este pequeño país de 52.00 km2 es capaz de generar prácticamente el 100% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Explica también las suspicacias de quienes sospechan la existencia de grandes intereses corporativos detrás del texto final, negociado entre representantes de diversos sectores y aprobado por una comisión legislativa.
El biólogo y ambientalista Freddy Pacheco objeta que se le haya cambiado la definición al agua de «un bien social», como aparecía en el texto base, a «un bien económico».
«Eso es grave porque convierte el agua en una mercancía», dice el académico a la AFP.
Pero el también ambientalista y diputado Edgardo Araya, del izquierdista Frente Amplio, asegura que la denominación de «bien económico» más bien representa una mejoría con respecto a la ley actual, en la que los usos comerciales del agua prácticamente no tienen costo para las empresas.
«Las envasadoras de agua pagan al Estado cánones risibles y hacen clavos de oro con un bien que es de todos los costarricenses, el proyecto de ley reconoce esa realidad y busca remediarla», dice el legislador a la AFP.
«Por otro lado, define que el servicio de agua a la población debe ser un servicio al costo, únicamente con la ganancia necesaria para mejorar y fortalecer el sistema de distribución», apunta.
Sin embargo, los diputados de la agrupación izquierdista están divididos entre la posición de Araya y la de quienes rechazan el proyecto.
Otra de las grandes controversias es la reducción de las áreas de protección de ríos y manantiales que define la propuesta de ley, algo «inadmisible», según dice Pacheco.
Sin embargo, Araya recuerda que la Sala Constitucional de la Corte Suprema ya se pronunció contra la merma de las áreas de protección, lo que obliga al Congreso a modificar este aspecto antes de votar pues, de lo contrario, toda la ley sería nula.
Intereses en pugna
Algunos sindicatos consideran que la iniciativa de ley representa un avance importante hacia la protección del agua, mientras otros han realizado manifestaciones de protesta, acusando de «traidores» a los diputados que la promueven.
Para la cúpula del sector empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la principal preocupación ha sido la definición del agua como un «bien económico», porque teme que un aumento de los cánones podrían encarecer los procesos productivos.
Sin embargo, la dirigencia del empresariado reconoce que el texto en discusión es producto del consenso y solo espera que haya un trato racional para el sector privado.
El presidente Luis Guillermo Solís ha hecho un llamado a «aprobar ya» la nueva ley, indispensable para proteger el recurso hídrico, y ha dado seguridades al país de que el articulado no contiene ningún portillo para la privatización del agua.
