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César Villalona
La propuesta de ajuste al salario mínimo que la ANEP trata de imponer tuvo una primera derrota política al ser rechazada por amplios sectores de la vida nacional. El gobierno le hará observaciones para reabrir la discusión en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM), donde la ANEP no podrá demostrar la validez jurídica y técnica de su planteamiento.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta de la ANEP no pasa la prueba. La Constitución es muy clara cuando dice, en su artículo 38, numeral 2, que “para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida”. Lo mismo dice el Código del Trabajo en el artículo 145.
Información proporcionada por la Dirección General de Estadísticas y Censos muestra que para el mes de mayo el costo de la vida, o canasta básica ampliada, era de 403.01 dólares en el área urbana y 286.44 en el área rural. Algunas organizaciones sociales, como el Centro para la Defensa del Consumidor, consideran que el costo de la vida es incluso mayor.
Con la propuesta de la ANEP, el mayor salario mínimo en el área urbana llegaría a 263 dólares en comercio y servicios; y el mayor en el área rural sería de 179.5 dólares en los beneficios de café. De los seis salarios mínimos del campo, cinco ni siquiera cubrirían la canasta de alimentos, con lo cual no se estaría asegurando el derecho humano a la alimentación.
Como la propuesta de la ANEP no cumple con los requisitos legales sobre el salario mínimo ni explica por qué, la misma induce a cometer el delito de “actos arbitrarios”, como bien señala la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
La propuesta del gobierno de elevar el salario mínimo a 300 dólares en el área urbana y 250 en la rural, no nivela los salarios con el costo de la vida, pero los acerca, sobre todo en el campo. El gobierno quiere reducir la amplia brecha bajo un criterio de gradualidad, tal como lo sugiere el Plan Quinquenal, para procurar eliminarla en los años siguientes.
Desde el punto de vista técnico, la propuesta de la ANEP tampoco pasa la prueba, pues ni siquiera aporta información sobre el posible impacto del ajuste salarial en la inversión y el empleo, variables claves para los empresarios y la población laboral.
Para precisar dichos impactos hay que tomar en cuenta el peso del salario en el costo total de las empresas, la posible alza de precios y el nivel de competitividad con otros países, sobre todo los de Centroamérica. La ANEP no presentó información sobre esas y otras variables.
En la propuesta del gobierno se demuestra, con datos y fuentes estadísticas, que el costo laboral ronda el 20% del costo total en las empresas industriales, comerciales y de servicios, y entre el 15 y 20% en el campo, salvo en el arroz y el café, donde es mayor. Y como el aumento salarial no sería para toda la población laboral, el impacto en los costos es pequeño y se compensa con el aumento de las ventas y los ingresos de las empresas generados por un mayor consumo de la población.
Con relación a la inflación, el gobierno demuestra que el ajuste salarial no tendría mucho impacto, pues no alteraría el equilibrio monetario de la economía, resultado de la compatibilidad entre la liquidez monetaria y la actividad productiva.
El gobierno también demuestra que la competitividad no sería afectada, pues El Salvador tiene la mano de obra más productiva de la región (después de Costa Rica) y los salarios mínimos, nominales y reales, más bajos, solo comparables con los de Nicaragua. Incluso, con el aumento a 300 y 250 dólares, los salarios de El Salvador aún serían los más bajos de la región.
En su “Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe 2014”, la CEPAL señala que el índice de salario real es mayor en Costa Rica (108.5), Guatemala (104.3) y Nicaragua (100.8), que en El Salvador (97.8). Eso significa que la relación salario/inflación es mejor en esos países. El balance de la CEPAL no ofrece datos de Honduras.
Como el debate se reabrirá en la tripartita, sería bueno que la ANEP tomara en cuenta estas palabras pronunciadas el domingo 26 de junio del corriente año por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas: “Yo estoy de acuerdo en que sea vetado ese acuerdo a que se llegó porque es injusto, pero ojalá que ahora se discuta y se llegue a una decisión más justa (…) aumentar los salarios no significa aumentar los precios, ese es un juego injusto, inmoral (…) tampoco significa quitar el personal.”
