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domingo , 10 diciembre 2017
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POBREZA Y LAICIDAD

Juan Antonio Chicas*

Hablar de justicia implica, necesariamente, hablar de que todas las personas tengan lo necesario materialmente para disfrutar de una vida digna, y eso pasa porque el Estado cumpla con los tratados internacionales que ha firmado y en los que se compromete a velar porque toda la ciudadanía tenga cubiertas las necesidades materiales, tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Art. 7 dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias”.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. 25, numeral 1, dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El Estado salvadoreño, evidentemente, no está cumpliendo a cabalidad estos mandatos, a juzgar por los altos índice de pobreza existentes y, lo peor, los altos índices de miseria en que vive una gran cantidad de gente, lo cual es aun más grave en las zonas rurales.

La lucha por el derecho a poder satisfacer todas esas necesidades elementales para que una persona tenga una vida digna, debe trascender las luchas particulares o de grupo, es decir, trascender las luchas por los derechos de las mujeres, de la población LGBTI, de la laicidad del Estado, etc., porque es la población en general, sin distingos, la que se verá beneficiada si se logra que el Estado cumpla completamente esa obligación que ha adquirido a nivel nacional e internacional.

Un paso importante en ese sentido, es evitar que hayan funcionarios corruptos o corruptibles, para que así la riqueza nacional sea distribuida con justicia.

*Lic. en Sociología.

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