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PGR e IDHUCA unidos para erradicar violación de los Derechos Humanos

Marisol Miranda
@DiarioCoLatino

La Procuraduría General de la República  (PGR) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), firmaron un convenio que beneficiará a los niños, niñas y adolescentes que son  víctimas de violencia y de violaciones a sus derechos humanos.
El tema principal que motivó la firma del convenio es la niñez migrante, con la cual se trabaja desde junio del 2016, porque se han visto casos en que los niños y niñas han tenido que salir apresuradamente del país por la inseguridad que se está viviendo.

“Se está realizando un esfuerzo interinstitucional en el cual la procuraduría sigue trabajando en los temas de los derechos humanos desde los servicios legales, preventivos, psicosociales, notariales, de mediación y toda una gama de asesoramiento a favor de las familias, niñez y adolescencia”, expresó Sonia Cortez, Procuradora General de la República.
Cortez indicó que son alrededor de 200 casos que serán dirigidos por la procuraduría adjunta especializada para que el trámite sea más efectivo, ya que, cuando entra por la puerta de la unidad de familia hay demasiado trabajo que se tardaría en dar soluciones a los casos.
Andreu Oliva, rector de la UCA, manifestó que las dificultades con las que se enfrentan los menores han tenido que salir del país por amenazas hechas a sus familias, es que  no cuentan con el respaldo del estado para recibir la documentación requerida.

Asimismo, espera que a través del convenio se pueda contar con el apoyo de la PGR para agilizar los procesos y proteger a los niños y adolescentes que se encuentran en la situación de la violación de sus derechos humanos, puntualizó.

Para Oliva, esta situación requiere de acciones urgentes para buscar soluciones a la problemática y una de ellas son las alianzas entre las instancias del estado, la sociedad civil tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.

Con la  firma del convenio, la PGR y el IDHUCA articularán esfuerzos para crear o mejorar programas y procedimientos estatales que garanticen una atención inmediata e integral a mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de hechos de violencia que incluyan a sus núcleos de familiares afectados.

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