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Joaquin Salazar
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Janeth Hernández, viajó desde Zacatecoluca con su hijo de 3 meses de edad a recibir atención médica al Hospital Bloom. La joven recibió la atención medica para su bebé, aunque un poco tardada, pero a la hora de ir a sacar la cita para el próximo control los empleados estaban en huelga.
“Porque andan protestando, no han dado citas desde ayer según dicen, me tocaba que me la dieran para el próximo mes, me dijeron que llamara para ver cuando las iban a dar, a mi me afecta porque vengo de lejos, uno viene y no le dan la cita y tiene que regresar otro día, a veces no se tiene dinero para estar dando tantas vueltas” manifestó la madre afectada por la huelga del escalafón.
Este es uno de muchos casos de usuarios de la red de hospitales públicos que se han visto afectados con la irregular atención en dichos recintos, debido a las protestas para que se les pague el escalafón a los que ganan más de 1,500 dólares.
Hasta ayer 42 mil 824 servicios médicos fueron interrumpidos debido al paro de los hueguistas, según datos del Ministerio de Salud Pública, a pesar de que Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador declaró la huelga como “ilegal”, en los hospitales: Bloom, San Bartolo, Zacamil, Nueva Guadalupe, Sensuntepeque, La Unión, Jiquilisco, Usulután, Ciudad Barrios y Sonsonate.
Los líderes del paro, que arengan a los empleados para que no atiendan a los enfermos, que por necesidad asisten a los nosocomios públicos, insisten que no es una huelga, sino una “reducción de labores”, aunque admiten que con ello irrespetan el derecho a la salud de los usuarios que desde tempranas horas de la mañana acuden por sus problemas de Salud que por derecho constitucional tienen.
La ministra de Salud Pública, Violeta Menjívar, dijo, esta mañana que estas acciones de los sindicalistas sobrepasan los derechos fundamentales de los pacientes, derechos que están arriba de cualquier otro.
“Nosotros hemos regulado la situación del escalafón, porque si no se hace habrá personas beneficiadas en el Ministerio de Salud, que ganan entre nueve y diez mil dólares, y esto no puede ser”, dijo la ministra.
Además, la titular de Salud lamentó que los huelguistas se niegan a aceptar las propuestas del Ejecutivo, basándose en intereses personales y obviando a la población en general. “Estamos trabajando para que el Escalafón beneficie a los que ganan menos y poner un límite”, dijo.
Mientras tanto, por ley, los empleados de la Salud tendrían que haberse incorporado a su trabajo en un plazo no mayor de 24 horas, que ya vencieron el pasado lunes, por lo que los sindicatos de Salud en protesta han caído en una ilegalidad.
En los últimos días de paralización de labores, se han dejado de prestar más de 30 mil servicios de salud, entre consultas, cirugías y exámenes de laboratorios, procedimientos odontológicos y otros; situación que afecta directamente a la población de escasos recursos, no a los que tienen seguro de salud o que ganan salarios elevados y pueden pagar hospitales privados.
Y es que la suspensión de labores continúa pese a que el Gobierno Central y su Ministerio de Salud aplicarán un incremento salarial progresivo, a las y los trabajadores que ganan un salario inferior a los $1,500 que son cerca del 80% del personal del MINSAL. Mientras que se deja afuera a un promedio del 20% que gana hasta los 8 mil o 10 mil dólares.
La Ministra de Salud explicó que cerca del 90% de los empleados de salud están contratados bajo la Ley de Salarios, el 7% bajo contrato con el Gobierno de El Salvador y sólo el 0.5% gana debajo de $300 dólares. Sin embargo, más de 25 mil empleados recibirán su incremento salarial con el escalafón. Algunos sectores dentro del sistema Salud se oponen a la protesta de los huelguistas por no prestar el vital servicio a la población, y afirman que no tiene razón de ser, dado que las grandes mayorías de los empleados tendrán su beneficio de aumento salarial, por lo que la suspensión de los servicios violenta el Derecho Humano a la Salud, y somete a graves riesgos la salud de pacientes de todas las edades, especialmente a la niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes no han podido recibir sus medicamentos, en las últimas semanas que se han intensificado las exigencias para que se cumpla el escalafón y beneficiar a los que ganan mas de 1,500 dólares.
“La lucha sindical no es para castigar a los pacientes, no hay razón ética, legal y moral para no atender pacientes y eso no es negociable”, recalcó la Ministra de Salud. Ante esta situación, autoridades de Salud hacen el llamado a los trabajadores a no dejarse engañar por algunos dirigentes de la huelga ilegal y no continuar obstruyendo la atención en los servicios de salud y deben atender a la población como se lo merece.
El Vicepresidente de la República Oscar Ortiz dijo ayer que “nuestro gobierno va a seguir invirtiendo en el sector salud, vamos a seguir acercando los servicios de salud a la comunidad, por eso expresamos nuestro total respeto a la miles de médicos, enfermeras, promotoras y equipo que hace que la salud y llegué hasta el último rincón del país”.
En cuanto a la problemática, el Vicemandatario dijo que en los últimos siete años, los gobiernos en turno son los únicos que han pagado a tiempo el beneficio del escalafón. “La propuesta presentada a la Asamblea Legislativa de que todos aquellos que sean sus salarios abajo de $1,500 se le aplique el incremento tal y como establece la Ley. Esperamos que la asamblea defina una discusión lo más responsable posible para encontrar luz a este proyecto”, dijo. De igual manera el Gobierno invita a los trabajadores a acompañar la ruta de diálogo y buscar otros mecanismos que no afecten a la ciudadanía.
