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@GloriaCoLatino
Las organizaciones sociales demandaron del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, treat online crear una Ley de
Participación Ciudadana en la gestión pública, sick tal como está establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019).
“Nosotros comenzamos la coordinación con la Secretaría de Participación Ciudadana – y creemos – que ahora están buscando irse por la vía de Decreto Ejecutivo y plantear esto como la Rendición de Cuentas aplicado solo al Ejecutivo, sin existir un marco legal”,
expresó Abraham Ábrego, representante de FESPAD y del Grupo Gestor por
la Ley de Participación Ciudadana.
Ábrego consideró que el actual gobierno ha dado muestras de interés de
fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía y que
identifican en el “objetivo 11 de el Plan Quinquenal de Desarrollo”, que permitiría un Estado concertador y centrado en el interés del bien común y la gobernabilidad democrática.
“No nos han confirmado aún, si analizaron ya el anteproyecto de Ley de
Participación Ciudadana o si existía una observación, pero si han pensado solo hacerlo por la vía del Ejecutivo, sin aprovechar estos años para redactar un marco legal –que no es sencillo- porque lleva tiempo y queremos que se abarquen hasta las alcaldías”, consideró.
Una de las observaciones en contra de un decreto Ejecutivo, agregó Ábrego, se debe a su limitado accionar porque si llega otro gobierno, con un signo ideológico diferente podrían cambiar las secretarías o cambiar las políticas presidenciales.
“Si tenemos un marco legal, entonces, sería de cumplimiento de todo el
Estado y tampoco, otro gobierno podría venir y simplemente hacer
desaparecer esta estructura”, indicó.
Sobre la ciudadanía y la normativa de participación, Ábrego consideró que permitiría el involucramiento activo de la sociedad civil en aquellos procesos de toma de decisiones públicas, que tienen
repercusión en sus proyectos de vida.
“El derecho a la participación ciudadana es una herramienta que permite la promoción y cumplimiento de otros derechos, en tanto constituye la concretización de la incidencia en la gestión pública y garantiza la construcción social de las políticas públicas, y no queden a discrecionalidad de los funcionarios”, argumentó.
Ruth Calero, representante de la CPC (Concertación Popular por el Cambio) afirmó que también la Asamblea Legislativa deberá mostrar una disposición real, como verdaderos garantes de políticas públicas que disminuyan las desigualdades.
“El anteproyecto se presentó en los primeros 100 días de este gobierno
y en este documento se incluyen hasta los gobiernos municipales para abrir la participación ciudadana y la consulta a la población y nuestro interés es que la gente participe en la base del conocimiento de sus necesidades. Nosotros vamos a esperar una respuesta y aprovechar este espacio… lo que queremos es que, nos escuchen”,
opinó. En cuanto a la participación social de la gente, Calero agregó que esto significa delegar cuotas de poder en la ciudadanía, para que asuman su rol como agentes de cambio en la demanda de sus derechos”, indicó.
La Ley de Participación Social es una herramienta que permite incidir en algunos aspectos de decisión del gobierno, que por ahora solo incluye al Ejecutivo, posterior sería el Legislativo y Judicial.
Lo que permitiría a la población conocer sobre los planes e informes anuales y también podrían ser consultados en decisiones de relevancia a partir de una petición de la ciudadanía; así también incluye mecanismos de contraloría social y la creación de la institucionalidad para su operativización.
