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Por Ramon Sahmkow/Washington/AFP
La Organización de Estados Americanos (OEA) alertó este miércoles que personas de origen haitiano desplazados desde República Dominicana viven en «condiciones precarias» y están «en riesgo» de quedar apátridas, for sale llamando a atender una crisis que amenaza con empeorar las ya tirantes relaciones bilaterales.
La OEA «reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias», seek dijo su secretario general, Luis Almagro, al leer las conclusiones de una misión del ente que viajó a los dos países a inicios de julio.
El organismo regional, con sede en Washington, también observó que «existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad» -lo que los dejaría automáticamente como apátridas-, como consecuencia de una nueva política migratoria de Santo Domingo denunciada por organizaciones civiles.
El documento de solo tres páginas recoge las observaciones y recomendaciones de expertos de la OEA, liderados por el secretario de asuntos políticos, Francisco Guerrero, que viajaron a Haití y Dominicana entre el 10 y el 14 de julio.
La misión se reunió con altos funcionarios de ambos gobiernos y representantes de la sociedad civil, y observaron de cerca la situación de los desplazados en una visita a la zona fronteriza de los dos países que comparten la isla caribeña La Hispaniola.
Uno de los problemas que encontraron fue determinar el número de personas de origen haitiano que han cruzado la frontera desde el lado dominicano, pues agencias guberamentales y organizaciones civiles discrepan de las cifras, según el informe.
«Mucha preocupación»
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la posibilidad de que personas de origen haitiano sean desconocidas por Santo Domingo y no sean recibidos como nacionales por Puerto Príncipe.
«Sería un escenario de mucha preocupación», dijo a periodistas, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA que elabora un informe de una visita a Dominicana en diciembre de 2013.
La ONG Cejil denunció la «falta de garantía de los derechos de los migrantes».
La OEA reconoció el derecho de Dominicana de establecer su política migratoria, pero advirtió que los traslados de personas deben cumplir con estándares internacionales, y llamó nuevamente a los dos países a iniciar un diálogo bilateral, amparado por la organización, para hallar soluciones a la disputa migratoria.
«Se recomienda que se organice un encuentro entre los dos países en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes», leyó Almagro.
El informe fue acogido con cierta cautela por Dominicana, cuyo representante, Pedro Verges, se limitó a decir que Santo Domingo responderá en el «futuro inmediato» a los postulados expresados.
Haití y varios países en el Consejo Permanente, el máximo órgano político de la OEA, celebraron el llamado al diálogo para resolver la disputa migratoria, que ha sido reactivada por el desplazamiento de miles de personas de origen haitiano.
Haití ha denunciado deportaciones masivas, pero el gobierno dominicano ha señalado que las movilizaciones, de más de 30.000 personas de origen haitiano, son de carácter voluntario.
El problema migratorio se remonta a una polémica decisión del tribunal Constitucional dominicano, que en 2013 decidió que «los niños nacidos en el país con padres extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana», una decisión retroactiva a 1929 que convirtió, de facto, en apátridas a más de 250.000 personas, principalmente, hijos de padres haitianos.
Ante la presión internacional, Santo Domingo implementó un plan nacional de regularización de extranjeros, y otorgó la nacionalidad dominicana a 55.000 personas. Sin embargo, la mayoría de los indocumentados no pudo finalizar el procedimiento antes de la fecha límite de 17 de junio y corre el riesgo de ser expulsada del país.
