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viernes , 22 septiembre 2017
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Criminalización de la defensa al derecho  al agua es el nuevo desafío social
Los miembros de las organizaciones que defienden el derecho al agua aseguran que el nuevo desafío es defenderse de la criminalización que hacen los políticos de derecha en su contra. Foto Diario Co Latino.

Criminalización de la defensa al derecho al agua es el nuevo desafío social

@SilviaCoLatino

Queremos ser libres para administrar el agua de nuestras comunidades y que dejen de amenazarnos con la cárcel”, dijo Tránsito Contreras, presidente de la Junta de Agua de siete comunidades del municipio de Tacuba, Ahuachapán, quienes mantienen una lucha legal sobre la administración de un Sistema de Agua Comunal, contra el Alcalde Joel Ernesto Ramírez (ARENA) que los acusa de hurto agravado y usurpación de inmueble.

“Fue la primera ADESCO, antes que nosotros tomáramos posesión la nueva junta directiva, le entregaron de forma no legal algunos terrenos para pagarle algunas deudas al alcalde Ramírez, pero son once años que venimos luchando y no ha podido expulsarnos, porque ese proceso que el menciona no fue hecho con legalidad”, reseñó Contreras.

“Queremos ser libres para administrar el agua de nuestras comunidades y que dejen de amenazarnos con la cárcel”.
Tránsito Contreras, presidente de la Junta de Agua Siete Comunidades de Tacuba, Ahuachapán.

El testimonio de Tránsito Contreras forma parte de la Segunda Jornada del Encuentro Continental de Intercambio de Experiencias, Conflictividad y Amenazas a Defensoras y Defensores del Derecho Humano al Agua, convocado por Foro del Agua, la Red de Vigilancia Interamericana al Derecho al Agua (Red-VIDA) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Para Contreras el interés del alcalde Ramírez de apropiarse del sistema de agua comunal se basa estrictamente en el pago de una deuda que mantiene con ANDA, y el objetivo final sería entregarlo a la semi-autónoma.

“En el año 2007 a 2008 el alcalde llegó a la alcaldía de Tacuba y de ahí, comenzó a quitarle a las comunidades el sistema de agua, porque en la anterior junta directiva de la ADESCO que se llamaba la Bendición de Dios habían algunos primos del alcalde. Y él habla de un documento que no es un traspaso legal con 283 firmas y en nuestras siete comunidades somos alrededor de 9 mil personas, que dependemos de esta fuente de agua y no pueden arrebatarnos un derecho que está cercano a la vida “, argumentó.

Óscar López, abogado de las siete comunidades de Tacuba afirmó, que este próximo viernes 28 de abril esperan que en la Audiencia Instrucción sus defendidos queden sobreseídos totalmente de los cargos que les imputa el alcalde Ramírez.

“Tenemos elementos relevantes para presentar en esta fase del proceso judicial, donde vamos a desvanecer las acusaciones que la Fiscalía General de la República ha interpuesto, que las consideramos frágiles y sin fundamento que las consideramos hasta cierto punto controvertidas que los acusa de los delitos de hurto de fluidos y usurpación ilegal y durante todo el proceso judicial, estos delitos no se han configurados y nos sorprende que hallan desarrollado tanto este proceso, porque a nuestro criterio y fundamento jurídico no existen los elementos suficientes para poder desarrollar este caso, por esto esperamos una resolución positiva para nuestros defendidos”, acotó.

La criminalización de personas defensoras de Derechos Humanos es una preocupación de los movimientos sociales a nivel global, solo en Latinoamérica se vulneran Derechos Humanos de las defensoras y defensores del derecho humano al agua, mediante denuncias infundadas, procesos penales prolongados y la aplicación de medidas cautelares que son normas que impiden la disposición de los bienes del deudor, el embargo preventivo, secuestro de bienes, inhibición general de bienes y prohibiciones de innovar, contratar o intervenir judicialmente, que se hace con fines no procesales

Para Óscar López la Fiscalía General de la República como ente investigador que resguarda los intereses del Estado ha actuado luego, que el alcalde Joel Ramírez interpusiera un aviso. Y como en este caso, la Alcaldía Municipal representa una autoridad local, entonces conforma parte del gobierno del país. No obstante, el ente fiscal que ha llevado el caso ha mostrado en varios tramos del proceso judicial inconsistencias y debilidades y sustento jurídico contra los acusados.

“Mis defendidos tienen el temor de perder su sistema de agua, que les ha costado tiempo y esfuerzo por las presiones judiciales, pero ahora están unidos como comunidades y así enfrentan el proceso y las posibilidades que se pueden tener, pero lo relevante lejos de lo jurídico, es el apoyo importante que están recibiendo sus líderes en este proceso”, acotó.

Las siete comunidades y 3 asentamientos humanos que integran a la nueva Junta de Agua la Bendición de Dios reiteran ser la mayoría frente al alcalde Ramírez, que consideraron trabaja bajo complicidad de otras entidades de gobierno lo que,  permite al edil tacubense la represión social de la población, consideró Tránsito Contreras.

“En el año 2013 recibí la presidencia de esta asociación y a las ocho de la noche de ese 5 de mayo de 2013, a las siete de la noche llegan siete hombres vestidos de policía, diciendo que tenía una orden de captura de la Fiscalía y mi esposa cuando abre la puerta recibe tres balazos y de ese hecho, ella quedó inválida de un brazo y tiene alojada en la espalda los otros dos balazos. Y cuando llegó al día siguiente un inspector de la Policía (PNC) no nos dejó declarar en la sede policial, solo nos dijo que él iba hacer el trámite y hasta la fecha no hay ninguna investigación, ahí quedó todo y ya lo he dicho en esto tuvo que ver el alcalde Ramírez para provocar miedo y que huyera o que los otros abandonaran el sistema de agua. Solo queremos ser  libres para administrar el agua de nuestras comunidades y que dejen de amenazarnos con la cárcel”, puntualizó Contreras.

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