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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Con los análisis del experto actuario Eduardo Melinski, ahora publicado en la Web del Ministerio de Hacienda, queda claro que mucho de lo que se habla en materia de pensiones oculta lo más importante; el origen del problema que es ni más ni menos el costo de transitar al sistema de capitalización individual, del modelo de reparto que contenían las leyes del ISSS y del INPEP. Ese costo, en cifras gruesas, se integra de 16 mil millones de dólares, más la deuda contraída desde 2006 vía FOP, equivalente a 6 mil millones de dólares. En esta revelación se omite la deuda en eurobonos que sirvieron para pagar pensiones entre 2001 y 2006 (1,200 millones) y el uso de las reservas técnicas.
Cuando se privatizaron las pensiones en 1996, el gobierno de Arena celebraba el negocio que había logrado hacer; usar el ahorro nacional de los trabajadores para hacer el negocio que les da tanto o más que las comisiones, que por ahora son del 2.2% del salario de cada trabajador. Cada cotizante puede saber cuánto le regala a las AFP; basta con sacar el 2.2 de su salario nominal para saberlo.
Si gana $300.00, le da $6.60; si gana $600.00 le da $13.20 y si gana $1000.000, les da a las AFP $22.00 mensualmente. Multipliquemos la cifra resultante por 12 meses y después sabremos lo que le damos a la AFP en un año. La ley fue hecha para asegurar un negocio de dos partes, la de la comisión y el negocio que da el poder colocar los ahorros.
Las AFP actúan en representación de los trabajadores, pero lo que defienden son sus ganancias y no los intereses de los trabajadores; saben la verdad del uso de los ahorros, pero con sus ganancias pagan millonarias campañas de mentira para que la gente se mantenga ocupada en lo menos importante, y desde que la derecha perdió la Presidencia de la República, esas campañas, además de engañar sobre lo esencial del sistema previsional, han promovido el bloqueo financiero.
Primero, exigiendo cambiar la tasa de interés, después impidiendo que se costearan los costos previsionales del año 2017, como lo estableció una ley, luego, anulando otro decreto que permitía diferir el pago de capital por cinco años, y, por último, impidiendo que se use el único mecanismo existente para pagar a las personas jubiladas; y para todo se han apoyado en ARENA, en la Sala de lo Constitucional y en los medios de comunicación de la derecha. Con todo eso, el agotamiento de la privatización y sus consiguientes recargos para su sostenimiento al Estado han creado la peor de las crisis, prácticamente el colapso.
La derecha toda, que suele tener matices en algunos temas, en este caso se ha unificado, y frente a la urgente necesidad de realizar una reforma que enfrente la crisis como una oportunidad para enmendar el rumbo, se afincan en verla como una nueva oportunidad de negocio.
Lo esencial de su propuesta radica en quitarle a cada cotizante el 5% de su salario, a cambio de una promesa, y es que si llena los requisitos para jubilarse, y después de jubilado vive 20 años más, lo que haga falta para seguir gozando de su pensión, se le pagará del fondo que crearán con ese 5% del salario de cada trabajador. Además, piden que el Estado se siga endeudando a un interés del 6%, para pagar las pensiones que vienen del ISSS y del INPEP, y para pagar los Certificados de Traspaso de quienes fueron obligados a inscribirse en una AFP en 1998.
Es lógico que si el ahorro se verá disminuido, a la hora de calcular la pensión será menor que si se respetara la totalidad de lo cotizado más la rentabilidad. En consecuencia, las pensiones del futuro se verán disminuidas en comparación con las pensiones que empiezan a pagarse conforme al sistema de ahorro para pensiones; por supuesto, mucho menores a las que hoy se pagan a quienes se jubilaron en el ISSS y el INPEP o a los llamados OPTADOS, porque a estos últimos se les paga conforme a los beneficios de las leyes que se aplicaban antes de la privatización, y sus pagos se han hecho con la deuda que hoy cargamos todos.
Las dos propuestas del Gobierno son las únicas que claramente se colocan del lado de los trabajadores, algo que lastimosamente algunos no alcanzan a comprender y terminan aplaudiendo al yugo que ya padecen y que se hará más pesado si se aprueba el modelo de negocios que respaldan los partidos de derecha. Es duro, dramático, pero es la realidad.
