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Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, durante la audiencia inicial en su contra, acusado del delito de actos sexuales o eróticos a menores, junto a los empresarios Ernesto Regalado y Salvador García, y el ingeniero Luis Marroquín. Foto Diario Co Latino/ Guillermo Martínez

“No son clientes, ellos han abusado y explotado a menores”: Morena Herrera

Joaquin Salazar
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

¡Justicia! Pagar por sexo con una menor es delito. Carteles en mano y consignas de denuncias fue la forma de externar su indignación de las organizaciones sociales, ante el inicio del proceso judicial en contra de los cuatro imputados, entre ellos Max González, conocido como “El Gordo Max”, quienes son acusados de ser clientes de una red de Trata de Personas, al sostener relaciones sexuales con menores de edad.

Morena Herrera, del Colectivo feminista, dijo que las organizaciones han decidido participar del proceso judicial contra Max González, Ernesto José Regalado, Salvador Enrique García y Luis Alonso Marroquín a quienes se los procesa por el delito de Remuneración por actos sexuales o eróticos, mientras que a García por el delito de violación.

“Hemos decidido presentar querella, porque consideramos que no se está aplicando de manera debida la Ley especial para una vida libre de violencia, protegiendo el derecho de las niñas y adolescentes al no reconocer delitos graves como violación y estupro y también no se está dando una investigación debida que esclarezca las distintas responsabilidades que hay”, comentó Herrera.

De igual manera, las diversas organizaciones feministas pidieron a la Fiscalía General de la República para que no haga “Cortina de humo” de estos casos, sino que profundice y se comprometa a aplicar el debido proceso y se establezcan responsabilidades.

Para el grupo de mujeres feministas esta es una red de clientes que incluye a gente con poder político, económico y mediático, según las denuncias que han llegado a las organizaciones.

“Esta es una red más amplia que explota a menores, no es un hecho aislado en El Salvador, es muy amplio, muy tolerado, y creemos que es importante que la justicia debe asumir un compromiso para esclarecer responsabilidades”, agregó Herrera.

Además, aseguró que la trata de personas es considerada una forma de esclavitud y un delito de lesa humanidad que debe ser perseguido por el sistema judicial y repudiado por el Estado y la sociedad, más aún si es cometido contra un menor de edad.

“Quienes han abusado y explotado, nosotras no les  llamamos clientes, son abusadores sexuales”, comentó Herrera.  Mientras esto sucedía, El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla instaló la audiencia inicial contra los cuatro implicados, donde se resolvió en primer lugar que el caso tiene reserva total, por Protección a las víctimas.

Y que dentro del proceso también se incluye el delito de violación, y el acusado es Salvador García, y presuntamente se cuenta con el testimonio de una de las víctimas.

Vanda Pignato felicita a Fiscalía

Sobre este caso, la Secretaria de Inclusión Social (SIS), Vanda Pignato, felicitó el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) por el proceso contra el “Gordo Max” y otras tres personas por el pago a menores de edad para tener sexo.
“Felicito a la Fiscalía por primera vez, por llevar su investigación a quienes socialmente conocemos como clientes, que en realidad debemos aprender,  junto a la prensa, que ellos lo que son es agresores, que pagan por esos servicios, son agresores que pagan para explotar sexualmente a niños, niñas”, dijo Pignato.
Como presidenta de ISDEMU, Vanda Pignato reiteró el ofrecimiento de apoyo al ente fiscal, para atender a las víctimas en las áreas que requieran como la atención emocional a las afectadas con el caso de explotación a menores de edad.
“Son hechos tan graves, como los que están viviendo ellas en su entornos, no olvidemos que luego de la Ley LEPINA no nos corresponde a nosotros como, Secretaria de Inclusión Social ver los casos, aunque como ISDEMU o de inclusión social a través de Ciudad Mujer, hemos atendido una cantidad de casos. Hay a un incremento substancial de casos de violencia hacia niñas y adolescente, cuyos casos van en incremento”, adujo.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación que diario llevan el registro noticioso, crónicas y reportajes donde se visibilizan este tipo de casos y el sistema legal que los juzga y sanciona, a realizarlo de manera equilibrada, sensata y sin afectar la dignidad de las víctimas.
“Creo que con estos últimos hechos hay una visibilización exagerada y acompañamiento exagerado en la exposición de los hechos y no el respecto a  víctimas y eso tiene a la víctima en crisis porque la expone; lo que me recuerda el otro caso del año pasado, del señor Delgado, que expusieron a la víctima más que al victimario, hay que ser muy prudentes porque hay una exposición exagerada de detalles de la vida y lo ocurrido con la víctima, y esto solo la pone en vulnerabilidad, se debe tomar este tema con mucho cuidado y mucho respeto para las afectadas”, pidió.

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