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Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá/PL
El comandante de las FARC-EP Pastor Alape afirmó que la implementación de los pactos entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla está ligada a la capacidad de movilización del país para que la paz pueda edificarse y afianzarse.
El foro celebrado el pasado domingo en la capitalina plaza Bolívar demostró que la gente está abriendo su corazón al nuevo horizonte vislumbrado para Colombia, comentó el dirigente de esa agrupación en declaraciones a Prensa Latina.
Esa legendaria explanada fue escenario del Congreso Nacional de Paz, al que asistieron líderes de diversas organizaciones sociales y políticas, activistas campesinos, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, congresistas, víctimas del conflicto y otros delegados de la sociedad civil, además de integrantes del Secretariado de las FARC-EP.
El encuentro tuvo un simbolismo: a pesar de que se cierran puertas los corazones están abiertos, manifestó el vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Previo a la celebración del cónclave los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes vetaron la entrada del también comandante de esa organización Iván Márquez a los salones del parlamento, al igual que el ingreso de uno de los jefes del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), menos numeroso que el otro movimiento, pero activo hace medio siglo.
Al referirse a la aplicación de lo concertado con el ejecutivo Alape subrayó que dicho proceso deberá acontecer de manera integral.
La implementación tiene que ser completa en todo sentido, no se puede hacer la paz por retacitos, ese es el desafío y la pelea que estamos dando, dijo.
Actualmente unos siete mil hombres y mujeres de las FARC-EP están concentrados en 19 zonas y siete puntos transitorios de normalización, donde deberán abandonar el armamento en su poder y prepararse con vistas a su reintegración en la sociedad.
No obstante la demora gubernamental en la preparación de dichos sitios (para que sean habitables) continúa el procedimiento de dejación de armas con supervisión de una misión de Naciones Unidas.
Nos estamos reuniendo con portavoces del gobierno a fin de hallar una fórmula que nos permita dinamizar la llegada de un momento esperado y crucial que es el cierre de la fase de desarme, explicó Márquez en una entrevista concedida a Prensa Latina.
Todavía -aclaró- tenemos que llegar a un arreglo en aspectos fundamentales, pero por nuestra parte existe toda la determinación, aunque es preciso también que los compromisos se materialicen en paralelo.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, suscribieron el histórico pacto encaminado a terminar los enfrentamientos y hostilidades tras más de cinco décadas de confrontación bélica.
Luego comenzó la etapa de ejecución de lo consensuado, llamada de posconflicto o posacuerdo, muy compleja en un inicio por las difíciles condiciones que encontraron esos antiguos combatientes al llegar a las mencionadas zonas y puntos (menores que las primeras).
En busca de un ambiente de distensión duradero y más abarcador, resta una concertación similar con el ELN como resultado de las negociaciones iniciadas desde el 7 de febrero en Quito, Ecuador.
En opinión de analistas y políticos parte de lo convenido con las FARC-EP podría ser de utilidad en las conversaciones con el ELN.
La administración de Santos autorizó una reunión esta semana en La Habana entre el comandando central de ese último grupo y el Secretariado de las FARC-EP.
Su objetivo es hablar de las perspectivas de un nuevo país dentro de un marco de amplitud de la democracia, adelantó Alape.
La guerra interna ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 60 mil desaparecidos.
