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Santiago/AFP
Miles de estudiantes marcharon en Chile contra la implementación de la reforma educativa impulsada por el gobierno y los casos de corrupción que remecen al país.
Con una multitud de pancartas, banderas y al son de los tambores, los estudiantes volvieron a salir a las calles de Santiago y ciudades como Valparaíso y Concepción, pero esta vez no sólo contra la reforma educativa, sino también por la indignación que despiertan los casos de corrupción destapados recientemente en Chile.
«Hay que decir basta a la corrupción», dijo Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), una de las organizaciones que convocaron a la manifestación.
En Santiago, varias cuadras de la céntrica Alameda Bernardo O’Higgins fueron copadas por estudiantes, que protagonizaron de esta forma la primera manifestación del año, la cual congregó a unas 150.000 personas, según los organizadores, pero de acuerdo a la Policía a 40.000.
Entre las miles de pancartas, una que pedía «que se vayan todos…» (los políticos) sobresalía del resto, como reflejo de la indignación que rodea a los estudiantes.
«Estamos por lo que sale en las noticias de la corrupción…por eso estoy aquí, para protestar», dijo a la AFP María Paz, cuando avanzada frente al palacio de gobierno.
Después de un tránsito pacífico por el centro de Santiago, la manifestación derivó en disturbios cuando finalizaba el acto de cierre, constató la AFP.
Fue allí cuando manifestantes encapuchados se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que resguardó fuertemente toda la manifestación y usó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los revoltosos.
Los incidentes provocaron la detención de 134 manifestantes y lesiones a siete policías, sin embargo los disturbios fueron de menor envergadura que los registrados en otras protestas.
Una reforma que no es del gusto de estudiantes
«La reforma educacional para nosotros siempre va a ser importante, pero acá hay un problema que cualquier reforma que se esté haciendo si se sigue haciendo de la forma en que está la política va a ser probablemente ilegítima», explicó a la televisión Nacional de Chile la presidenta de la Fech.
«Estamos convencidos de que acá tienen que construirse tanto la reforma educacional como las distintas reformas en base a un acuerdo social amplio», agregó Saavedra.
En enero, después de un año de duro trámite legislativo, la presidenta Michelle Bachelet logró aprobar la primera parte de la reforma que le valió la reelección. En ella, se establece el fin a la selección de estudiantes y la obtención de ganancias en escuelas públicas.
Aún restan definir varios aspectos importantísimos de la reforma, que busca acabar con uno de los sistemas educativos más desiguales del planeta como herencia de las políticas liberales implementadas por la dictadura de Augusto Pinochet.
Bachelet aún no define la forma en que cumplirá su promesa de instaurar la gratuidad general a nivel universitario para el 80% de los estudiantes a partir de 2016, y debe todavía definir un proyecto para mejorar el desempeño de profesores y las escuelas públicas.
Sonados casos de eventual corrupción, uno de los cuales involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa Natalia Compagnon -por una millonaria compra y venta de terrenos-, no le han permitido a Bachelet avanzar con la celeridad que esperaba.
Al caso que involucra al hijo de la mandataria, investigado junto a su esposa por «uso de información privilegiada y tráfico de influencias», se sumaron otros dos que envuelven a influyentes conglomerados económicos, el Grupo Penta -cuyos dueños están en prisión desde hace más de un mes- y Soquimich, una minera controlada por el exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Penta y Soquimich son investigados por fraude tributarios y financiamiento ilegal de políticos, entre otros delitos.
