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@GloriaCoLatino
“Es memorable este momento, rx en que diferentes instituciones hacen el esfuerzo para dar respuesta a la violencia de género”, ampoule dijo Vanda Pignato, malady Secretaria de Inclusión Social, en la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
El proyecto establece la participación y compromiso de los gobiernos locales de Acajutla, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Martín, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla y Soyapango; quienes realizaran diversas acciones enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres.
La funcionaria afirmó que este proceso aspira a erradicar patrones culturales que subordinan el papel de la mujer salvadoreña, fortaleciendo la respuesta institucional frente a los feminicidios, trata de personas y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
“He leído un artículo en el periódico El País (España) que afirma que la violencia de género cobra más víctimas en el continente americano, que el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y los conflictos armados en América Latina; entonces en materia de políticas públicas de seguridad debemos estar presentes las mujeres”, declaró.
La Secretaria de Inclusión Social, reiteró la necesidad de que las mujeres se organicen en torno a estos temas, a fin de producir una transformación social mediante una generación empoderada de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
“Porque todas queremos vivir en un país, donde todas caminemos libres, sintiéndonos seguras y que las relaciones entre hombres y mujeres sean de respeto y consideración; creemos que eso es posible y nos anima a todas las compañeras del ISDEMU, a tener esa certeza para dar lo mejor que tiene y que nos mantiene en pie de lucha”, acotó.
El proyecto que se extiende desde los gobiernos locales, hasta autoridades regionales se regirán por tres líneas centrales : Mejorar la articulación regional, nacional y local en la Prevención y atención de la violencia contra las mujeres; la Trata de personas y feminicidios.
El segundo eje operativo contempla las Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local, en prevención y atención de violencia, y el tercero, Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra la mujer, que serán implementados en los nueve territorios seleccionados.
Mientras, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, señaló, que la firma del Convenio intersectorial y regional, se enmarca en la estrategia de prevención de la violencia del gobierno del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
“No hay duda, hoy más que nunca en este país necesitamos que todos los sectores, ya sean políticos, sociales y económicos hacer un esfuerzo grande, alrededor de la lucha contra todo tipo de violencia y delincuencia en este país”, declaró.
Sobre la inclusión de los gobiernos de la región centroamericana en la que participan Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá y El Salvador, el Ministro Lara señaló que era un proyecto ambicioso en busca de la paz social.
“Experiencias anteriores nos han enseñado que unidos podemos enfrentar de mejor manera, los problemas que nos afectan y uno de los grandes desafíos que tenemos como región es la erradicación de la violencia contra la mujer, de ahí la importancia del Convenio que nos permitirá una mejor articulación en los esfuerzos encaminados a enfrentar esta problemática”, aseguró.
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Carlos Castaneda, dio un reconocimiento a todos las instituciones y gobiernos que participaron para dar vida, al proyecto centroamericano.
“Este Convenio concretiza la prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica; que nace de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) será coejecutado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)”, indicó.
El proyecto tiene una duración de 18 meses (julio de 2014 a diciembre de 2015) financiado por los gobiernos de los Países Bajos y Filandia así como, la participación de las agencias de cooperación: OIM, UNFPA.
Y como contra parte nacional el ISDEMU y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
