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El alcalde de Tacuba, por el partido ARENA, Joel Ernesto Ramírez es denunciado por representantes de asociaciones sociales aglutinadas en MPR-12. Foto Diario Co Latino

MPR-12 denuncia arbitrariedades de gobierno municipal contra Junta de Agua de pobladores

@SilviaCoLatino

Como se atreve el alcalde Joel Ernesto Ramírez que maneja como su finca el territorio de Tacuba (Ahuachapán) atentar contra la comunidad acusándolos de usurpación, cuando hay claros indicios que están manejando el caso de forma política e injusta, con el Fiscal Miguel Gross Salazar”, dijo Norma Ramos, del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12).

Representantes de las organizaciones aglutinadas en el MPR-12 denunciaron la insistencia del alcalde Ramírez Acosta de apropiarse del Sistema Comunitario y fuentes de agua que abastecen a las siete comunidades aglutinadas en la Asociación de Desarrollo Comunal La Bendición de Dios (ADESCOBD) que realiza desde el año 2007

El alcalde Joel Ramírez, del partido ARENA, acumula siete denuncias, de igual número de comunidades por incumplimiento de: deberes, atentados relativos al derecho de asociación y reunión, desobediencia y desobediencia al mandato judicial y actos arbitrarios, que no han tenido avances de investigación por la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Joel Ernesto Ramírez ha sido acusado ante la Fiscalía General de la República, por la Administración de Acueductos y Alcantarillados, por el presunto delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de ANDA. Y como representante legal de la “Empresa Municipal Descentralizada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tacuba” (EMSAGUAT) debe responder.

“Teniendo el Alcalde Ramírez este sistema de agua (EMSAGUAT) tienen más recursos, porque prácticamente es la población la que mantienen este sistema de agua y también, es la gente que se encarga de hacer las reparaciones, entonces cuáles son los intereses que están detrás, nos preguntamos”, afirmó Ramos.

El fiscal auxiliar de Santa Ana, Miguel Santiago Gross Salazar, ordenó la captura de los comunitarios que defienden su sistema de agua, pese a las “medidas cautelares” que dicto en el año 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que temen, que con este tipo de acciones arbitrarias y fuera de los marcos jurídicos se transgredan los derechos humanos de la población y sean condenados por un delito que no han cometido.

Luz Flores, familiar de los acusados, comentó que han interpuestos otras demandas contra el Alcalde Ramírez Acosta y su Concejo Municipal por los delitos de: Actos Arbitrarios, Peculado, Lavado de Dinero, entre otros.

“La Alcaldía de Tacuba no es dueña del inmueble usurpado por los líderes de las 7 comunidades, además el delito de hurto de fluidos o agua, no tiene asidero legal, porque, según un informe de ANDA, el gobierno local, no tiene autorización para la explotación y abastecimiento donde se encuentran las 7 comunidades y el agua le pertenece al Estado”, explicó.

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