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@arpassv
La Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa acordó esta semana, por unanimidad, retomar el debate sobre la prohibición de la minería metálica. Incluso, dos grupos parlamentarios adelantaron posición favorable a la propuesta: el gobernante FMLN, que siempre estuvo en contra de la explotación minera, y el derechista GANA, que podría sumar sus votos a la prohibición de la nociva industria extractiva.
“Hasta no ver no creer”, dice la frase popular. Sin embargo es positivo que los diputados retomen esta discusión que había sido prácticamente proscrita en el recinto legislativo por la prevalencia de los intereses de las empresas mineras, principalmente de la canadiense Pacific Rim.
La iniciativa de prohibir la minería de metales data de los años 2005-2006 cuando las organizaciones comunitarias y ambientalistas -que después formaron la Mesa Nacional frente a la Minería- argumentaron sobre la inviabilidad ambiental, económica y social de los proyectos mineros, y exigieron a los órganos Legislativo y Ejecutivo su prohibición definitiva.
Apoyada en estudios de expertos nacionales y extranjeros, la Mesa demostró que la minería sería el acabose para el país dada la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recurso hídricos. Esta postura fue respaldad por diferentes organizaciones e instituciones, incluida la Iglesia Católica.
El Ejecutivo -desde el gobierno del ex presidente arenero Antonio Saca hasta la actual administración del mandatario efemelenista Salvador Sánchez Cerén- no ha permitido la explotación minera; pero la Asamblea Legislativa se ha negado sistemáticamente a aprobar una ley prohibitiva. Por eso es importante la retoma del debate y las expresiones de respaldo a la prohibición.
Enhorabuena, pues, la reapertura de esta discusión. El contexto ahora es más favorable para la prohibición y las organizaciones ambientalistas tienen más argumentos para presionar a la Asamblea, uno muy importante es la reciente resolución del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) a favor del Estado salvadoreño y en contra la Pacific Rim/Ocena Gold que había demandado al país por negarle permisos de explotación en Cabañas.
En tal sentido, el país entero debe respaldar la moción de prohibir definitivamente la minería metálica y exigir que la Asamblea -sobre todo los grupos parlamentarios de derecha- no postergue más la aprobación de dicha media. Entre el agua o el oro, la vida o la minería, la elección parece obvia; pero para los diputados no lo ha sido. Retomar el debate, sin embargo, es una señal positiva.
