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Un sargento capturado esta semana en San Vicente, acusado de proporcionar armas a pandilleros de la zona, “no tiene antecedentes negativos” y “no tiene acceso a armamento”, aseguró el ministro de Defensa, David Munguía Payés.
“No hay antecedentes negativos del militar” reiteró Munguía Payés, al hablar sobre el Sargento Adán Alfaro Iraheta, de 19 años, quien fue arrestado por la policía durante un operativo, el martes, en ese departamento central del país, en el que también fueron detenidos 19 pandilleros.
Las autoridades decomisaron al militar durante su aprehensión una pistola y la Fiscalía lo acusa de vender armas a una pandilla de la zona y tiene previsto acusarlo, además, del delito de organizaciones terroristas.
Según el Ministerio Público, Alfaro Iraheta tendría vínculos con una pandilla que opera en el Cantón Calderas, del municipio de Apastepeque, en el mismo departamento.
Munguía Payés dijo que le “extraña” la acusación de la Fiscalía contra el militar, porque el uniformado “no tiene acceso a armamento…”.
Alfaro Iraheta “trabaja en una oficina administrativa”, reiteró el jefe militar, quien negó que la Fuerza Armada posea fusiles AK-47 dentro de su arsenal, armas que, según la Fiscalía, el oficial arrestado presuntamente habría vendido a los miembros de la pandilla. El militar detenido “es un oficial que ha presentado buena conducta durante su vida profesional”, insistió Munguía Payés, tras reiterar que “no hay antecedentes negativos” contra el Sargente Alfaro Iraheta.
Caso Batallón Presidencial
Munguía Payés también dijo que el accidente de tránsito en el que murió la semana pasada un abogado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y por el que está preso un miembro del Batallón Presidencial, “le puede suceder a cualquiera”.
“Es un accidente que le puede suceder a cualquier persona, a ustedes les puede suceder, que se les atraviese una persona estando una pasarela a la par”, dijo el Jefe Militar al hablar sobre el percance vial en el que murió José Rafael Zelaya González, de 48 años, empleado de la CSJ.
El incidente tomó otro giró esta semana cuando la víctima, que no había sido identificada y de la que el Secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, había dicho que se trataba de un “indigente”, fue identificada por su esposa en el Instituto de Medicina Legal, de donde la mujer es empleada.
Munguía Payés reconoció que el motorista, identificado como Víctor Manuel Urias, “estaba de Alta en el Estado Mayor Presidencial, es cierto…”.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, municipio situado en el oriente de la capital, donde ocurrió la tragedia, envió a prisión a Urías por el delito de “homicidio culposo” (sin intención).
Este es el segundo caso en el que un miembro del Batallón Presidencial se ha visto envuelto en accidentes viales. El primero ocurrió el año pasado, cuando un chofer de esa unidad militar embistió y mató a un motociclista en la carretera al puerto de La Libertad.
Por el caso ha sido arrestado el Jefe de Personal del Batallón Presidencial, capitán Chávez Vigil, acusado del delito de “Fraude Procesal”, así como el motorista del vehículo, Walton Esmeraldo García.
