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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
Entre decenas de miles de manifestantes al grito de «fuera la justicia española», el expresidente de Cataluña Artur Mas empezó a ser juzgado este lunes por desobediencia al organizar en 2014 una consulta sobre la independencia de esta región nororiental española.
Acompañado de numerosas autoridades catalanas, entre ellas su sucesor Carles Puigdemont, Mas y las otras dos encausadas llegaron con casi media hora de retraso al Palacio de Justicia de Barcelona en una amplia avenida convertida en un mar de banderas independentistas.
«Aquí no se juzga la independencia, se juzga la democracia», dijo Mas a la AFP en una pausa del juicio. «Es la primera vez que un gobierno democrático es juzgado por haber dejado al pueblo votar. Es un momento sin precedentes», añadió.
El presidente catalán entre 2010 y 2016, su exvicepresidenta Joana Ortega y la exresponsable de Educación Irene Rigau deberán responder por presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación por organizar el 9 de noviembre de 2014 esa consulta sin efectos jurídicos.
El Tribunal Constitucional ordenó suspenderla pocos días antes pero el ejecutivo, ayudado por miles de voluntarios, siguió adelante con la votación que congregó a 2,3 millones de participantes en una región de 7,5 millones de habitantes.
La fiscalía reclama 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Mas y nueve para sus dos colaboradoras.
Aunque los voluntarios gestionaron el dispositivo el día de la consulta, el gobierno catalán se implicó en su preparación suministrando el material necesario, comprando 7.000 ordenadores, abriendo las escuelas públicas, poniendo en marcha el dispositivo informático o haciendo campañas informativas.
El juicio debe prolongarse hasta el viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los tres acusados, que declaran esta primera jornada, ya avanzaron que recurrirán hasta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si son inhabilitados.
Otro referéndum, ahora vinculante
Para la fiscalía y el gobierno conservador español de Mariano Rajoy fue desobediencia y desacato de la ley, pero para los independentistas fue una jornada histórica en la que millones de catalanes votaron libremente sobre el futuro de su región.
Ahora quieren utilizar este proceso como una tribuna para su causa, al tiempo que crece la tensión con Madrid por el nuevo referéndum, ahora vinculante, que quieren celebrar en septiembre.
«Un país capaz de hacer el 9N tiene una democracia más sana que la de un país que envía al banco de los acusados los dirigentes que la hicieron posible», dijo en un discurso institucional el presidente Carles Puigdemont.
«Votaremos, votaremos» gritaban los alrededor de 40.000 manifestantes reunidos enfrente del juzgado, según cifras de la policía local. Entre ellos sobresalía un cartel con el lema «Love democracy» y una bandera independentista enorme con la palabra «Freedom» (Libertad).
«No tiene sentido juzgar esto, el hecho de votar. El mundo avanza cuando se vota y eso no se puede parar ni juzgar», dijo a la AFP Jordi Arcarons, un manifestante de 39 años que pidió permiso en el trabajo para llegar tarde.
Los deseos de autogobierno de esta región, enclavada entre el Mediterráneo y los Pirineos, con lengua y cultura propias tensaron históricamente las relaciones con Madrid.
En 2010, en plena crisis económica, una sentencia judicial anulando parcialmente un estatuto de 2006 que otorgaba mayor autonomía a la región desencadenó un fuerte auge del independentismo, hasta entonces minoritario.
En masivas manifestaciones, sus militantes reclamaron un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Escocia (2014) o Quebec (1980, 1995), rechazados por el ejecutivo de Rajoy porque no están contemplados en la Constitución.
Con mayoría absoluta en el parlamento regional desde 2015, los independentistas quieren organizarlo igualmente y que sea vinculante. Es decir, declarar la secesión si lo ganan.
Desde Madrid, Rajoy encargó a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría iniciar un diálogo con las autoridades catalanas pero sin tratar el referéndum.
«La reconciliación es imposible porque se ha mantenido el +no+ al diálogo tanto tiempo», opinaba Mercè Sancho Tusef, una manifestante de 68 años frente al tribunal.
El domingo, Puigdemont advertía al gobierno español que se les terminaba el tiempo para solventar la situación y Mas se mostraba esperanzado de que su juicio sirviera para «ensanchar la base social» del independentismo.
