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Sábado , 24 Junio 2017
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS HUMANAS SON ATRIBUTOS DE TODAS Y TODOS

Fidelina Martínez Castro

Cuando El Salvador, como República, asume ser un Estado constitucional de Derecho, es innegable que se tiene que guiar por el respeto a los derechos otorgados en la Constitución de la República, y las personas que legislan tienen que tener cuidado de no aprobar normas que contradigan principios fundamentales, como la libertad, la igualdad, la autonomía y otros que dan vida a nuestro Estado, como institución pública que garantiza los derechos inherentes a la persona humana.

Legal y legítimamente hablando, los principios que sustentan nuestra República no pueden ser contrapuestos por mandatos antojadizos que no obedecen al interés público de toda la ciudadanía, que es el fin de la actividad del Estado (Art. 1 de la Constitución).

Según nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad (Art. 2), y todas las personas son iguales ante la ley (Art. 3); desde esas perspectivas, ¿por qué se irrespeta la libertad de las personas homosexuales y se les quiere limitar su igualdad ante la ley? Esto sucede cuando se niegan regulaciones inclusivas para sus relaciones familiares y patrimoniales, como cuando se regulan las relaciones de las personas heterosexuales (Art. 33 de la Constitución).

El Estado salvadoreño es laico y esa caracterización le deviene de ser una República Democrática, que garantiza los derechos humanos de todas las personas, incluso el derecho a tener una opción religiosa, lo que no debe conducir a pensar que son los mandatos religiosos de fe los que deben prevalecer para gobernar y regular las cosas públicas, que son acciones de razón para beneficio de toda la ciudadanía, sea creyente o no.

Lo anterior debe estar presente en quienes legislan a la hora de dictar leyes, reformas y garantías de interés común, no deben dejarse influenciar y/o presionar para aprobar regulaciones que lesionan intereses de personas que, independientemente que sean muchas o pocas, son ciudadanas con iguales derechos que aquellas que, con ideas fundamentalistas, creen poseer la verdad y la razón.

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