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José M. Tojeira
Hace 75 años los derechos económicos y sociales no tenían vigencia en El Salvador. Las Constituciones de aquel entonces y anteriores garantizaban algunos derechos vinculados a la vida, la libertad y la propiedad, pero a penas mencionaban los derechos económicos y sociales. Es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y entre nosotros especialmente a partir de la Constitución de 1950, cuando empiezan a mencionarse estos derechos. Sin embargo, al igual que en muchos países de América Latina, los derechos económicos y sociales nacieron con severas restricciones para aquellos que más los necesitaban. Los gobiernos trataron de incorporar a esos derechos a las nacientes clases medias y a los trabajadores de la incipiente industria. Profesionales y obreros de empresa se fueron afiliando a los diversos programas que englobaban la respuesta a los derechos de seguridad social, pensión, vivienda, educación, protección laboral, etc. Pero los campesinos, las trabajadoras del hogar, los trabajadores informales, los indígenas fueron con frecuencia marginados y en algunas ocasiones integrados en redes de protección social de calidad inferior o de menores prestaciones. Este estilo marginador, despectivo e injusto respecto a los más pobres de la pirámide social, domina todavía una amplia franja de nuestras redes de protección social.
Por otra parte, mientras los derechos políticos y civiles, no sin lucha, se fueron afianzando y fue creciendo la protección legal respecto a los mismos, los derechos económicos sociales tuvieron un desarrollo jurídico muy inferior. Mientras que la fiscalía o un juez entran en acción rápidamente frente a la violación de los derechos políticos o civiles, algunos derechos sociales están exentos de seguimiento jurídico legal. Frente a un robo, la policía, la fiscalía y el juez entran rápidamente en acción. Frente al fracaso de una institución estatal a la hora de responder a la necesidad de un ciudadano, la legislación prescinde con frecuencia de la obligación de defender a la parte perjudicada. El derecho a la propiedad está mucho mejor legislado y protegido por la ley que el derecho a la salud. Por poner un ejemplo, si un niño campesino tiene una enfermedad que requiere medicamentos de alto costo, lo normal en la red del Ministerio de Salud, que atiende aproximadamente a tres cuartas partes de la población salvadoreña, será decirle a los parientes del infante que compren fuera del hospital las medicinas y se las traigan. Y es casi imposible llevar a un juzgado el caso y que el sistema judicial falle a favor del reclamante. En cambio en el Seguro Social, aunque hay también algunas restricciones, la abundancia de medicina es mayor, así como los recursos dedicados a la atención del paciente. Y también la posibilidad de reclamar legalmente. Dos sistemas de distinta calidad, para el mismo derecho.
En El Salvador, especialmente después de la guerra civil, los derechos políticos y civiles han ido avanzando a un ritmo muy superior a los derechos económicos y sociales, aunque no en todos los casos. Porque los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra quedaron después de la guerra sin protección ni acceso a la justicia. Incluso se atendió mucho mejor a los veteranos de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran, que a las víctimas de la guerra. Todavía ahora, un año después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se advierte un severo letargo en las instituciones legislativas, fiscales y judiciales a la hora de emprender acciones conducentes al respecto de las víctimas y al ejercicio de la justicia. Que casi después de un año (diez meses) no haya todavía un proyecto claro de una ley de justicia transicional, ni siquiera un diálogo social y político adecuado sobre la misma, muestra el desinterés por los derechos de los más pobres, que fueron los que sufrieron la guerra con mayor intensidad. Desinterés que se vuelve pereza absoluta a la hora de universalizar equitativamente los derechos económicos y sociales de los más necesitados, que conforman un amplio grupo que sin duda supera la mitad de la población.
Este abandono de los derechos económicos y sociales está en la base del clima actual de violencia. Discriminar derechos, favorecer a unos más que a otros, olvidarse de los más pobres, produce siempre rupturas en la cohesión social. Incluso el olvido y marginación de los derechos económicos, sociales y culturales lleva al final a la incapacidad de hecho de mucha gente para reclamar sus derechos políticos y civiles. Y de nuevo sirva un ejemplo como demostración. Uno de los mayores logros de los últimos años en el campo de los derechos políticos y civiles ha sido la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, alguien con escasa formación escolar está prácticamente imposibilitado de acceder a este derecho. Al final nos encontramos en un país en el que los derechos humanos en general sufren la misma estratificación injusta que domina el campo de muchos de los derechos económicos y sociales.
En este contexto, y dada tanto la escasez de recursos como la resistencia de algunos sectores a encontrar caminos más solidarios a través de una reforma fiscal, es importante centrarnos preferencialmente en los derechos de los niños. El Estado y los políticos deben acrecentar la legislación y los programas protectores de la niñez. Algunos estudios han demostrado deficiencias en diversas áreas del desarrollo infantil, que pueden favorecer posteriormente la aparición de conductas tanto peligrosas como delictivas. Los derechos económicos y sociales deben universalizarse, y no ser un campo de estratificación injusta y de diferenciación social. Pero comenzar esta universalización avanzando con seriedad y continuidad en los derechos de los niños y en los programas conducentes a su desarrollo humano integral resulta indispensable para el desarrollo armónico de nuestro país. ¿Se hacen cosas buenas en este sector? Por supuesto que sí. Pero lo que se hace es básicamente insuficiente. Y si continuamos olvidando los derechos educativos y formativos de los niños desde la infancia temprana, y le añadimos a eso el desinterés existente frente a los derechos económicos y sociales, seguiremos apostando en la práctica por una sociedad dividida, enfrentada, violenta y con graves problemas en el campo del desarrollo humano.
Cambiar de rumbo es indispensable, y los derechos de los niños y niñas desde la temprana infancia nos marcan un camino urgente e indispensable.
